Exhortar al Ministerio Público a que investigue los casos de violación a los derechos y agresiones sufridas contra periodistas y la adopción de medidas especiales de protección para los periodistas en el ejercicio de sus funciones fueron las solicitudes planteadas este miércoles por el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz ante la Comisión Permanente de Poder Popular y Medios de la Asamblea Nacional (AN).
Durante un derecho de palabra concedido este miércoles, 17 de febrero, al SNTP para exponer la situación actual de los trabajadores de la prensa ante los diputados de la Asamblea Nacional, Ruiz refirió que las agresiones cometidas contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación constituyen agresiones y vulneraciones al ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la comunicación y a la información.
Refirió que en Venezuela es alarmante la incidencia de hechos violentos cometidos contra periodistas en el ejercicio de sus funciones. “La mayoría de ellos, a manos de efectivos de los organismos de seguridad del Estado, es decir, de la fuerza pública. En más del 65% de los casos de agresiones reportados, los victimarios son integrantes de la Guardia Nacional”.
De acuerdo con el reporte expuesto en el salón de sesiones de la Comisión de Poder Popular y Medios, ubicada en el piso 5 de la sede administrativa de la AN, En 2014 se registraron 350 agresiones cometidas contra 260 periodistas. En 2015 se dieron 280 agresiones o violaciones a la libertad de expresión, contra 220 periodistas y en lo que va de 2016 se cuentan 35 agresiones cometidas, solo en el mes de enero.
Ruiz acotó que la mayoría de las incidencias reportadas se han dado durante la cobertura de manifestaciones de naturaleza política, protestas por demandas sociales y reivindicativas y, más recientemente, durante la cobertura periodística de las colas en las afueras de los establecimientos comerciales en donde se expenden productos escasos.
“Es urgente, por una parte, que se exhorte al Ministerio Público para que investigue estos casos que, en los dos últimos años llegan a casi 700. Que los fiscales, en atención a sus obligaciones, investiguen y ejerzan acciones ejemplarizantes, imponiendo de responsabilidad a quienes son culpables de estos delitos que impiden el ejercicio de derechos fundamentales, el más importante, el derecho de todos los ciudadanos a saber. La impunidad, así como el discurso que criminaliza el trabajo de los periodistas, son elementos que contribuyen a la reducción cada vez más dramática de las garantías para un ejercicio libre, plural e independiente. En Venezuela no tiene costo alguno agredir, golpear, herir, detener, intimidar ni robar a un periodista. La Asamblea Nacional, en su función contralora, debe exigir a la Fiscalía investigaciones oportunas”, fue una de las peticiones puntuales del SNTP.
El representante de los trabajadores de la prensa reiteró el respeto que debe existir por el trabajo periodístico y citó ejemplo de países como México y Honduras donde se han aprobado instrumentos legales para proteger a los trabajadores por los Derechos Humanos y a los periodistas.
¿Para quién trabajamos?
Durante el encuentro se hizo referencia a la situación de medios de comunicación venezolanos que han sido vendidos y cuyos compradores, aún hoy se desconocen. “Grandes medios de comunicación han cambiado de dueños en los tres años en transacciones completamente secretas y en torno a las cuales reina la opacidad. Como consecuencia directa se ha afectado la pluralidad y se han reducido los espacios para que se conozcan las distintas posiciones que sobre un mismo tema tienen distintos sectores del país”, dijo Ruiz.
En este sentido, la Comisión de Poder Popular y Medios aprobó la creación de una comisión mixta entre Contraloría y Medios para investigar estas compras a medios como Últimas Noticias o El Universal a fin de determinar quiénes son sus verdaderos propietarios y el origen de los recursos económicos con que hicieron la compra.
“Demandamos de esta Comisión que promueva las reformas legales más urgentes, entre ellas la de Ley de Telecomunicaciones, de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y del Código Penal, para lo cual nos comprometemos a hacer los aportes que sean necesarios. Que priorice estos asuntos consustanciales a la Democracia para que este mismo año se pueda avanzar en la recuperación de las libertades y para que cese la lógica interventora y punitiva que ha prevalecido en los últimos años”, fue otra de las peticiones hechas por el SNTP y que los diputados de la instancia recibieron positivamente.
De la misma forma, se solicitó a esta representación del Parlamento que inicien una investigación sobre los recursos que han sido entregados a la gubernamental corporación Alfredo Maneiro, que precise cuánto papel y a qué medios de comunicación ha otorgado desde su creación y que se establezcan mecanismos para garantizar que se cuente con los insumos suficientes para que estos medios impresos puedan seguir garantizando de manera masiva los derechos a decir y a saber.
El SNTP y la Comisión Permanente de Poder Popular y Medios acordaron promover mecanismos participativos para la consulta de las reformas legales planteadas, en las que sean igualmente valoradas las aspiraciones empresariales como las de los periodistas y trabajadores.