El primer ministro griego, Alexis Tsipras, se reunirá el próximo lunes con representantes de los agricultores para intentar desbloquear un conflicto que se prolonga ya durante más de un mes por la protesta de este colectivo contra la reforma fiscal y de pensiones.
Según anunció hoy el ministro de Agricultura, Vangelis Apostolu, la mayoría de los colectivos de agricultores anunciaron su participación.
Desde hace casi cinco semanas, miles de campesinos mantienen intermitentemente o completamente paralizada la red de carreteras y autopistas del país, con más de 150 bloqueos repartidos por todo el territorio.
Además, los pasos fronterizos con Bulgaria y con Turquía permanecen cerrados, lo que ha provocado largas colas de camiones a uno y otro lado de la frontera, y la protesta formal por parte del Gobierno de Sofía.
En los últimos diez días dos coordinadoras que agrupan alrededor de 90 asociaciones de agricultores y ganaderos presentaron al Gobierno sus listas de reivindicaciones y pidieron el inicio del diálogo a partir de ellas.
Sus reivindicaciones principales son el mantenimiento de su caja de pensiones independiente (OGA) -la propuesta gubernamental prevé una sola caja de pensiones para todos- y de sus cotizaciones al nivel actual, además de la revocación del incremento del impuesto sobre la renta, aprobado el pasado otoño.
Otras 70 asociaciones rechazan todo diálogo con el Gobierno si antes no se retira la propuesta gubernamental al completo.
El Gobierno, según filtraciones a los medios locales, parece dispuesto a aceptar el mantenimiento de la caja de pensiones y a suavizar el incremento gradual de las cotizaciones de los campesinos a la seguridad social del 7 % actual al 26,95 % hasta 2019.
Por el contrario, no parece dispuesta a negociar el incremento del impuesto sobre la renta para los agricultores del 13 % al 20 % este año y al 26 % a partir de 2017.
En este conflicto sobre las pensiones Tsipras está entre la espada y la pared, pues toda concesión a las reivindicaciones de la calle abre un nuevo agujero de financiación y se aleja de los compromisos contraídos con los acreedores de recortar el gasto de la seguridad social en un 1 % del producto interior bruto. EFE