Para simplificar el proyecto, que abarca a más de 30.000 personas, los abogados se centraron en los hechos y delitos y no en cada caso en particular.
“En máximo 60 días la ley de amnistía y reconciliación estará promulgada y aplicándose”, aseveró Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que analiza el proyecto con sectores sociales para someterlo, en unas semanas, a segunda discusión.
Solórzano, ponente del proyecto, aseveró que se beneficiará a más de 30.000 personas: “Hablamos de 115 presos políticos, más de 2.000 personas sometidas a proceso penal, pero también de los empleados públicos que puedan sentirse perseguidos”.
La esencia del texto está en el artículo 4, que propone la amnistía a los hechos considerados delitos o faltas “que se hayan cometido en la participación, organización o convocatoria de manifestaciones, protestas o reuniones con finalidad política” desde el 1° de enero de 1999 hasta la actualidad.
Pero un proyecto tan amplio, que beneficiaría a esa cantidad de personas, no es fácil de elaborar. Organizaciones no gubernamentales y abogados defensores de presos, perseguidos y exiliados hicieron su aporte.
Solórzano explica que la única forma de armar un proyecto tan ambicioso es centrarse en los hechos y delitos y no en cada caso en particular. “Cada hecho está enmarcado en circunstancias jurídicas que bien conocemos. Los abogados Jesús María Casal, Magaly Vásquez y yo tenemos un registro muy completo desde hace años. Sabemos quienes son los presos, donde están y por qué. Fue muy difícil que se nos escapara algo”, aseveró.
Si se aprueba, la ley de amnistía favorecerá, entre otros, a quienes hayan sido detenidos en las protestas de 2003 y 2004 por el revocatorio, las de 2006 por las elecciones presidenciales, las de 2007 por el cierre de RCTV y la reforma, las relacionadas con las presidenciales de 2013, y las protestas de 2014.
También propone la amnistía para los delitos ocurridos entre el 11 y el 14 de abril de 2002, así como los cometidos con motivo del paro nacional y petrolero de 2002 y 2003.
El proyecto plantea asimismo la amnistía por delitos como difamación e injuria, ofensa al presidente o a otros funcionarios, bien se trate de dirigentes políticos, periodistas, directores o editores de medios de comunicación.
El documento beneficia a los directivos o empleados de las empresas de medicinas y alimentos (artículo 19) y a los empleados públicos (artículo 42) “cuando el despido, destitución o remoción correspondiente haya obedecido a razones políticas”.
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