Banco Mundial ordenó a Venezuela pagar $27 millones a Tidewater

Banco Mundial ordenó a Venezuela pagar $27 millones a Tidewater

 

El tribunal arbitral del Banco Mundial desestimó esta semana una solicitud de Venezuela de suspender la ejecución del laudo que la obliga a compensar a la empresa de servicios petroleros Tidewater por la expropiación de sus activos, y ordenó un pago parcial de 27,4 millones de dólares más intereses.

REUTERS

En el 2009, el gobierno del fallecido Hugo Chávez expropió 11 navíos de Tidewater, por lo que la firma estadounidense llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

En marzo del año pasado el CIADI determinó que la nacionalización de los activos de Tidewater en Venezuela fue legal, aunque el monto de la compensación incluye unos 46,4 millones de dólares en concepto de cuentas por cobrar por servicios prestados a filiales de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

A partir de allí, Venezuela interpuso varias solicitudes de revisión del laudo y dilación del pago.

A mediados del año pasado, el país petrolero solicitó la suspensión de la ejecución del laudo, pero en un documento fechado el lunes el CIADI desestimó parcialmente su pedido.

“Se levanta la suspensión de la ejecución con respecto a la suma no controvertida de 27,4 millones de dólares más intereses”, dijo el CIADI en un fallo hecho público el martes.

Sin embargo, el tribunal arbitral dijo que aún se mantiene la suspensión del pago de 18,9 millones de dólares por concepto de compensación a Tidewater y 2,5 millones de dólares por reembolso parcial de los costos.

A pesar de haberse retirado del CIADI en 2012, Venezuela aún enfrenta una veintena de millonarios arbitrajes internacionales en esa corte luego de una agresiva política de nacionalizaciones llevada a cabo por Chávez durante sus años en el poder.

En medio de un fuerte retroceso del grueso de sus ingresos tras la caída de las cotizaciones del crudo, Venezuela está a la espera de que el CIADI decida sobre una apelación que busca anular la sentencia que la obliga a pagar 1.600 millones de dólares en compensación a la petrolera Exxon Mobil por activos expropiados en 2007.

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