Conocedora de los artilugios y reformas de los que se valió el Ejecutivo mientras contó con un Poder Legislativo oficialialista, rendido a su mandato, la vicepresidenta de Proyecto Venezuela, Vestalia Sampedro, ofrece su apreciación sobre la situación de nuestro país.
Nota de prensa
A juicio de quien muchas veces defendiera los intereses del país desde el Parlamento, “a ésta Asamblea Nacional le está correspondiendo abrir camino y desarmar la urdimbre que con la complicidad del TSJ y la facilitación de la bancada oficialista, realizó este gobierno y el anterior del presidente Chávez, con la sola intención de manejar el país bajo un completo totalitarismo, cuyo ejercicio afecta la vida del ciudadano venezolano en todos los ámbitos”.
Considera que se realizaron un conjunto de transgresiones a la ley porque el Gobierno impuso el contenido de la reforma constitucional que el pueblo rechazó en 2007, lo que habría sido una “violación descarada a la Carta Magna (…) con premeditación y alevosía, igual como ocurriera con la designación ilegal de los magistrados hecha en forma ex profesa, una vez perdidas las elecciones del 6-D, para que el TSJ actuará como brazo político, alejado de la magna tarea de administrar justicia, dedicándose a torpedear las funciones del Parlamento Nacional, sin importarle en lo absoluto las consecuencias sobre los venezolanos”.
Con las propuestas de leyes y reformas en desarrollo, ésta Asamblea Nacional empezó a ordenar la casa en la urgente materia fiscal, con la modificación parcial de la ley del BCV, sin embargo quedarían pendientes otras de igual importancia para que se cumpla la CRBV en cuanto al manejo los fondos públicos, “con el propósito de poner fin al derroche vía presupuesto paralelo, así como eliminar la concesión al instituto emisor de convertirlo en imprenta de dinero inorgánico, aumentando la masa monetaria y fomentando la inflación, que día a día se consume nuestros escasos recursos”, señala.
Así mismo muestra preocupación por la habilitación que le diera el TSJ al presidente Maduro, usurpando funciones de la AN “al avalar el decreto de emergencia económica que le permite comprometer los recursos del país de manera discrecional, lo faculta para disponer del oro, gas y minería de espaldas al pueblo, evitando la autorización de la AN para la contratación en materias de interés público tal y como lo establece la CRBV, del mismo modo como hizo con las 6 reformas de la ley del BCV y las sucesivas de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, para disponer de las reservas, excedentes, deuda del país, sin sanción, ni aprobación, ni control del Poder Legislativo”.
Afirma que con éstas manipulaciones, “no están avizorando el costo político de sus maniobras, el pueblo que sufre las consecuencias de sus actos y omisiones, abrió los ojos, establece en las calles quiénes son los responsables del desastre y está decidió a cambiar el pitcher”.