El Gobierno boliviano insistió hoy en que no existe registro alguno en los servicios de identificación ni de migración sobre el hijo que tuvo el presidente Evo Morales en 2007 con Gabriela Zapata, encarcelada por supuestos delitos económicos.
EFE
El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, dijo en una rueda de prensa que se revisaron los registros del Servicio General de Identificación Personal (Segip) y la Dirección General de Migración y que “no existe ningún documento” que certifique la existencia del niño.
“No ha sido encontrado ningún registro, no existe ningún documento que acredite pasaporte, viaje, salida al exterior del menor como ha señalado el abogado Eduardo León (defensor de Zapata)”, dijo Romero, según un comunicado de su oficina.
La autoridad replicó así a una versión de León, quien aseguró hace unos días que el hijo del mandatario y de la empresaria está vivo, pero se encuentra fuera del país por razones de seguridad.
Zapata está detenida desde el 28 de febrero pasado acusada de varios supuestos delitos económicos, entre ellos enriquecimiento ilícito, y a los que se ha sumado en los últimos días denuncias sobre presuntos actos de falsedad y falsificación de documentos.
En paralelo a la investigación sobre esos delitos, la empresaria y el Gobierno han polemizado por el hijo que ambos tuvieron en 2007.
Morales y sus ministros aseguran, con contradicciones incluidas, que el menor está muerto o nunca existió, mientras que ella y sus abogados sostienen que está vivo, pero que no lo presentan porque su vida está en peligro y necesitan garantías internacionales.
Romero señaló hoy que no existe un registro del flujo migratorio del menor y que tampoco se encontró “ningún documento de autorización de permiso de viaje” del niño.
“No tiene explicación lógica de que el menor haya salido del país sin cédula de identidad, sin pasaporte ni salvoconducto”, sostuvo y recordó que es un delito sacar a un menor de edad del país sin los requisitos legales.
La relación de Morales y Zapata fue revelada a principios de febrero por el comentarista de televisión Carlos Valverde, quien expresó su sospecha de que la firma china Camce, donde trabajaba ella, se ha beneficiado con varios contratos millonarios del Estado.
El mandatario ha rechazado las denuncias y ha pedido que sean el Parlamento y la Contraloría General, manejados por el oficialismo, los que investiguen esas denuncias.