El Gobierno de Panamá defendió hoy los “altos estándares de transparencia” del sistema financiero del país, frente a las críticas lanzadas por la OCDE y Francia tras la filtración masiva de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca.
EFE
En un “pronunciamiento sobre los ataques a la plataforma de servicios financieros e internacionales” de Panamá, el Ejecutivo de Juan Carlos Varela recalcó que en el país se han aprobado y se aplican “instrumentos legales mucho más estrictos y rigurosos que en otros centros de servicios (financieros) a nivel internacional”.
El centro bancario internacional de Panamá está integrado por 93 instituciones, entre locales e internacionales, y en el 2015 cerró con activos cifrados en 118.478 millones de dólares, un récord según las autoridades locales.
La economía de Panamá, una de las más pujantes de la región con un crecimiento del 5,8 % en el 2015, tiene sus pilares en el sector de los servicios, la logística y el turismo.
Con la filtración de los documentos de Mossack Fonseca, que ha destapado miles de empresas y activos opacos de personalidades de todo el mundo, Panamá, que lucha desde hace años para dejar atrás la imagen de paraíso fiscal, ha sido objeto de renovadas críticas.
El Gobierno francés anunció este martes la inclusión nuevamente del país en su lista de paraísos fiscales, de la que salió a finales de 2011.
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dijo este lunes que Panamá “es el último gran reducto que sigue permitiendo la ocultación de fondos en paraísos fiscales”, e instó al país a aplicar de inmediato los estándares internacionales de transparencia financiera.
Panamá “cuenta con uno de los centros de servicios financieros más importantes del mundo, que tiene un probado récord de cambio y que con el esfuerzo del sector público y privado ha logrado cumplir con los estándares más altos de transparencia”, replicó este martes el Gobierno panameño.
El Ejecutivo señaló que “a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas. Con esas nuevas normas, las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros”.
Indicó que en 2015 se aprobó en Panamá la Ley 23 “en cumplimiento con los compromisos” con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en febrero pasado retiró a Panamá de la lista de países no cooperantes en la lucha contra el blanqueo, en la que había entrado en julio de 2014.
Con la Ley 23 “se adoptaron medidas para fortalecer” el sistema financiero panameño “contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisión de Blanqueo de Capitales con el propósito de sacar a nuestro país de la lista gris del GAFI”.
Además “se han aprobado 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos así como la regulación de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios, con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero”, señaló el Gobierno.
Por todo ello, el Ejecutivo panameño expresó que “lamenta, la descalificación por parte de organizaciones internacionales y países que, ante la coyuntura, han desconocido actuales convenios de intercambio de información fiscal, así como la implementación de normas en materia de transparencia y cooperación tributaria”.
Las autoridades panameñas además llamaron “a organizaciones, naciones y medios de comunicación a profundizar en el contenido” de las filtraciones de la firma Mossack Fonseca “antes de difundir perjuicios sobre” Panamá”.
El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, dijo hoy que el Gobierno no aceptará “que se use a Panamá como chivo expiatorio en las acciones y responsabilidades de terceros”, en referencia a las filtraciones bautizadas internacionalmente como los “Papeles de Panamá”.
“Cada Estado debe hacer cumplir a sus empresas y a sus ciudadanos sus leyes y sus reglamentaciones”, dijo Alemán, que criticó que se haya usado el nombre de Panamá para titular la filtración, porque no es el único país involucrado sino que “se mencionan 21 jurisdicciones distintas” en las que también se crearon sociedades “offshore”.
La filtración masiva de documentos de Mossack Fonseca fue divulgada por un grupo de medios internacionales unidos en el denominado Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Los documentos revelan la supuesta creación de miles de empresas “offshore” para que políticos, celebridades y personajes reconocidos gestionaran su patrimonio.