El caso de los “Panama Papers” tuvo una nueva repercusión este miércoles con el registro de la sede de la UEFA por la policía suiza, en tanto que las grandes potencias piden combatir la opacidad fiscal y mantienen la presión sobre Panamá.
AFP
“Puede existir una supuesta gestión desleal y eventual abuso de confianza”, explicó el procurador general de la Confederación Helvética en un comunicado enviado a la AFP en el que precisó que “el proceso, por ahora, no se dirige contra una persona concreta”.
Por su parte, en otro comunicado transmitido a la AFP, la UEFA afirma “haber recibido la visita de la policía federal suiza que actuaba en virtud a una orden y pidió ver los contratos entre la UEFA y Cross Trading/Teleamazonas” para la cesión de los derechos de retransmisión de la Liga de Campeones de las temporadas 2006 a 2009 en Ecuador.
El nuevo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aparece en los “Panama Papers” al haber firmado contratos que aparentemente estaban por debajo del precio de mercado cuando era director del servicio jurídico de la UEFA, junto con dos argentinos acusados por la justicia estadounidense en el escándalo de corrupción de la FIFA.
Las revelaciones sobre las prácticas fiscales han levantado duras críticas de líderes occidentales, como el presidente estadounidense Barack Obama, que piden luchar contra la opacidad fiscal y financiera.
Estados Unidos, aliado histórico de Panamá, fue propietario del canal hasta 1999.
La próxima semana en Washington, aprovechando la asamblea de primavera del FMI y del Banco Mundial, los ministros de Finanzas de las principales economías mundiales van a abordar estas cuestiones en la reunión del G20.
En tanto, Francia decidió volver a poner a Panamá en la lista de paraísos fiscales y pidió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que conduzca la lucha para la optimización fiscal en todo el mundo.
“Ya sea en el G20 o en la OCDE, Francia se va a asegurar de que la cooperación internacional sea fortalecida”, prometió este miércoles el presidente francés, François Hollande.
Por el momento, la única víctima importante de las revelaciones es el primer ministro islandés, David Sigmundur Gunnlaugsson, que dimitió el martes. Su reemplazante, Sigurdur Johansson convocó elecciones anticipadas para el otoño boreal
‘El último reducto’
El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, calificó a Panamá como “el último gran reducto” para ocultar fortunas offshore.
Las autoridades panameñas respondieron a las críticas y el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, advirtió que “existe una ley que establece medidas de retorsión contra países que incluyan a Panamá en listas grises” de blanqueo de capitales.
El gobierno alega que Panamá puso en vigencia en enero una reforma legal para limitar el uso de acciones al portador de las sociedades locales y creó un ente público para prevenir el lavado en 16 actividades económicas.
Esas reformas permitieron al país salir de una lista gris de blanqueo internacional, pero la falta de celeridad para levantar el secreto bancario y el intercambio automático de información han provocado que siga estando en la mira.
Panamá asegura que está dispuesto a compartir esa información bajo un modelo propio, bilateral y que garantice la confidencialidad de su centro bancario, que aporta un 7% al Producto Interno Bruto del país.
Defender el sistema
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció que su gobierno defenderá “en todas las instancias posibles” su sistema financiero.
Las medidas de retorsión incluyen bloquear las inversiones extranjeras o congelar concursos públicos, lo que los podría dejar fuera de importantes contratos en Panamá, cuya economía dolarizada es una de las de mayor crecimiento en la región y con un canal interoceánico por el que pasa 5% del comercio marítimo mundial.
El despacho de abogados Mossack Fonseca está en el centro del escándalo después de que una fuente anónima lograra extraer millones de documentos y los compartiera con el diario alemán Sueddeutsche Zeitung.
El director y miembro fundador de la firma de abogados, Ramón Fonseca Mora, dijo a la AFP que tienen “un informe técnico que dice que fuimos hackeados desde servidores extranjeros”, por lo que presentaron una denuncia ante la fiscalía.
“Nadie habla del hackeo y es el único crimen que se ha cometido”, reclamó Fonseca.
La creación de sociedades en paraísos fiscales, las llamadas ‘offshore’, no es ilegal en si aunque en muchos casos sirven para ocultar el patrimonio a las autoridades fiscales, para blanquear dinero del tráfico de drogas o para ocultar fortunas que tendrían consecuencias políticas nefastas para sus propietarios.