España ha decidido llamar a consultas a su embajador en Venezuela, Antonio Pérez-Hernández, tras los nuevos insultos lanzados por el presidente de ese país, Nicolás Maduro, contra el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy. La llamada a consultas es una medida diplomática considerada muy seria que se adopta en las relaciones entre los Estados para expresar el malestar con el Gobierno de un país y que supone el regreso del embajador por un tiempo indefinido.
Luis Ayllón / ABC
El anuncio fue hecho hoy, al término de la reunión del Consejo de Ministros, por la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, momentos después de que se conociera que el embajador de Venezuela en Madrid, Mario Isea, había sido convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores para transmitirle formalmente una enérgica protesta de España por las palabras de Maduro, quien el dia anterior tildó a Rajoy de «racista», «colonialista» y «basura corrupta».
“Intolerable y lamentable”
Saénz de Santamaría calificó de «intolerable y lamentable» la actitud de Maduro, la misma idea que le fue transmitida al embajador venezolano por el director general para Iberoamérica, Pablo Gómez de Olea, que fue el encargado de recibirle en Exteriores. La vicepresidenta añadió que el Gobierno lamenta que esa actitud, impropia del respeto que debe regir las relaciones entre gobiernos, se haya convertido en una práctica habitual en el Jefe del Estado venezolano.
En un comunicado del Ministerio, al tiempo que se confirma la llamada a consultas del embajador española en Caracas, se señala que «España está preocupada por la situación en Venezuela, país con el que comparte grandes afinidades culturales e históricas, y en el que viven más de 200.000 ciudadanos españoles».
El Gobierno reitera, asimismo, su «ofrecimiento de ayuda para paliar la grave crisis económica y humanitaria que está padeciendo la población venezolana» y hace un llamamiento a la responsabilidad, a la colaboración, al diálogo, al consenso y a la reconciliación. Asimismo, subraya la importancia del respeto a los valores democráticos, a los Derechos Humanos, al Estado de Derecho, a la independencia de las instituciones y a las garantías constitucionales.
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