El Gobierno de Nicolás Maduro desconoce la decisión del pueblo venezolano expresada en el 6 diciembre de 2015 utilizando al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para boicotear las facultades que tiene la Asamblea Nacional para legislar, impidiéndole la promulgación de leyes progresistas, necesarias y pertinentes para adelantar los cambios económicos y sociales que el país demanda para salir de la crisis en la que se encuentra, tal y como lo pidió el pueblo el 6 de diciembre votando por una nueva mayoría parlamentaria alineada con el cambio.
Después de perder las elecciones parlamentarias, durante el asueto navideño, sin observar los lapsos previstos, sin hacer públicas las postulaciones, ni seguir los procedimientos establecidos, el oficialismo sustituyó a 13 magistrados, la mayoría de los cuales son afectos al oficialismo o tienen vínculos con éste. Ahora, Nicolás Maduro utiliza la facultad que le otorga la Constitución para solicitar a este TSJ, políticamente parcializado, su pronunciamiento sobre la constitucionalidad de las leyes aprobadas en el Parlamento con el objetivo de utilizar a este tribunal, al igual que sus interpuestos, como instrumento para anular las decisiones y las propuestas legislativas de la nueva mayoría parlamentaria. Es una estrategia clara que ha puesto en marcha el régimen para entorpecer la labor de la Asamblea Nacional, actuando a las espaldas del pueblo y del país.
Observamos con preocupación que el Gobierno y el TSJ están jugando a la confrontación de poderes y al desconocimiento de la voluntad del pueblo, para convertir al país en un caos que no pueda ser gobernado y que no pueda reorientarse hacia la solución de los graves problemas que enfrenta.
Como organización de la sociedad civil, dedicada a la defensa de los derechos políticos y civiles de los ciudadanos y al fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país, nos pronunciamos en contra de esta clara maniobra antidemocrática del oficialismo. Por lo tanto exigimos:
Al Gobierno de Nicolás Maduro: respetar la voluntad del pueblo, y detener el bloqueo continuo que viene realizando a través del TSJ a las leyes que ha venido aprobando la Nueva Asamblea Nacional en virtud de las facultades y competencias que le otorga la Constitución para legislar sobre los diferentes poderes del Estado, por mandato expreso del pueblo venezolano materializado el 6 de diciembre último.
A la Asamblea Nacional, en particular al sector oficialista, a garantizar, defender y proteger la autonomía del Parlamento en representación de sus electores, consolidando el diálogo necesario para lograr los consensos que requiere la promulgación de las leyes que el país clama para salir de esta crisis política, moral y económica.
Al Tribunal Supremo de Justicia: ejercer sus funciones constitucionales de manera imparcial e independiente, garantizando el Estado de Derecho y el respeto a la división de poderes; y por lo tanto declinar actuar al servicio de intereses políticos o a los del Ejecutivo, que buscan maniatar y menoscabar las potestades para legislar, controlar y ejercer la representación de la población que le ha otorgado el pueblo, por mandato, a la Asamblea Nacional.
Exigimos estricto RESPETO a la Constitución, porque ni el Gobierno ni 7 magistrados pueden desconocer la voluntad de más de 13 millones de venezolanos.