La comisión parlamentaria que analiza si existen méritos jurídicos para iniciar un juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, comenzó hoy una sesión que acabará con una votación crucial para el futuro del proceso.
EFE
La comisión, integrada por 65 diputados, deberá votar el informe presentado por el diputado instructor, Jovair Arantes, quien ha recomendado que se avance hacia un juicio contra la presidenta por unas maniobras fiscales consideradas ilegales, pese a la opinión contraria del Gobierno, que califica el proceso de “golpe”.
“Este no es el momento de dividir aún más al país”, manifestó el presidente de la comisión, Rogério Rosso, quien instó a todos los diputados a seguir “rigurosamente” lo establecido en la Constitución y lo que dicten sus “conciencias”.
Arantes tomará la palabra para ratificar su opinión y luego está previsto que se pronuncie el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, responsable por la defensa de Rousseff, quien niega que haya fundamentos jurídicos para procesar a la mandataria.
Una vez presentada la defensa, tomarán la palabra los jefes de los grupos de los 25 partidos políticos con representación en la Cámara de Diputados y finalmente se procederá a la votación, lo cual se calcula que puede ocurrir tras unas diez horas de debate.
Si el informe presentado por Arantes es aprobado por una mayoría simple, pasará al pleno de la Cámara de Diputados, que lo votará a lo largo de tres sesiones que se espera que comenzarán el próximo viernes y concluirán el domingo.
Ante la posibilidad de concentraciones a favor y en contra del proceso, se han instalado vallas de dos metros de altura a lo largo de un kilómetro, entre la sede del Congreso y el inicio de la llamada Explanada de los Ministerios.
Así, la céntrica avenida que concentra todos los edificios del poder público en Brasilia ha quedado dividida en dos, para separar las movilizaciones de los partidarios del juicio político y de quienes se oponen.
Todas las proyecciones de la prensa local y los analistas adelantan que el informe de Arantes será aprobado en la comisión, por lo que el proceso debería proseguir en el plenario de la Cámara baja.
En esa instancia, los impulsores del juicio político necesitarán una mayoría calificada de dos tercios (342 de los 513 votos), que hasta ahora está en duda, aunque todos los pronósticos apuntan a una ligera ventaja para la oposición.
No obstante, todos los analistas coinciden en que los 342 votos aún no están garantizados, lo cual abre un enorme margen de dudas.
En caso de que el proceso sea respaldado en la Cámara baja, la causa pasará a los 81 miembros del Senado, que por mayoría simple decidirán si se inicia lo que sería el propio juicio político contra Rousseff.
Si así fuera, la mandataria deberá separarse del cargo por un lapso de 180 días, que será el tiempo que tendrá la Cámara alta para el desarrollo del proceso.
El cargo de Rousseff sería ocupado durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que tras haber sido durante años el mayor pilar de la coalición oficialista, ha decidido romper con el Gobierno.