Una comisión parlamentaria brasileña recomendó este lunes la apertura de un juicio de destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, una decisión que deberá ser ratificada por la Cámara de diputados en los próximos días.
AFP
La decisión fue aprobada por 38 votos a favor y 27 en contra, tras diez horas de debates que concluyeron en medio de una gritería entre adversarios y partidarios de la jefa de Estado, en caída libre de popularidad menos de dos años después de su reelección.
Si la Cámara de Diputados convalida la decisión en los próximos días por una mayoría de dos tercios, Rousseff sería separada de su cargo por un plazo máximo de 180 días en espera de que la cámara alta dé su fallo definitivo.
El vicepresidente centrista Michel Temer, convertido en su máximo adversario, la reemplazaría hasta el fin de su mandato en 2018.
La tensión de la jornada se acrecentó con la filtración de un audio en el cual se oye a Temer ensayando un discurso a la nación, como si la partida de la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT) fuese ya una mera formalidad.
El PT denunció “un golpismo descarado” y el diputado Silvio Costa acusó a Temer de ser “el mayor traidor de la historia de Brasil”.
El gobierno daba por perdida la votación en esa instancia, aunque está decidido a librar la gran batalla en la Cámara baja, para impedir que los partidarios del impeachment obtengan los 342 votos (de un total de 513) necesarios para dar seguimiento al proceso.
La euforia reinaba sin embargo por el lado opositor, que festejó el resultado en la comisión entonando el himno nacional y la popular tonada mexicana “Canta y no llores”.
“En la cámara será otra cuenta y estamos seguros que vamos a conseguir 380 votos. Es agua ladera abajo. El gobierno del PT se acabó”, se entusiasmó el diputado Pauderney Avelino, del partido de derecha DEM.
El relator de la comisión, Jovair Arantes, consideró al abrir el debate que “hay indicios suficientes de que la denunciada practicó actos que pueden ser considerados como crimen de responsabilidad”, por haber autorizado gastos no presupuestados sin la aprobación del Congreso en 2014, el año de su reelección, y en 2015.
El Abogado General del Estado, José Eduardo Cardozo, instó en cambio a declarar “nulo” el proceso, por considerar que no existían cargos susceptibles de justificar una decisión de semejante gravedad.
Fuera del Congreso, la policía tendió vallas a lo largo de la explanada de los ministerios, para separar a los centenares de miles de manifestantes de ambos bandos que se espera lleguen a Brasilia el fin de semana para presionar los debates del plenario de la Cámara.
La crisis, potenciada por una recesión económica que entra en su segundo año, crea incertidumbre sobre si será Rousseff o su vicepresidente, Michel Temer, quien inaugure los Juegos Olímpicos de Rio el próximo 5 de agosto.
Lula y Chico Buarque en acto por Rousseff
Rousseff, sumamente impopular, cuenta con la capacidad negociadora y movilizadora de su predecesor, Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), para llegar hasta el fin de su mandato en 2018.
El exsindicalista participaba al caer la tarde en un acto “en defensa de la democracia” en Rio de Janeiro, junto al cantante y compositor Chico Buarque, al teólogo Leonardo Boff y a figuras del mundo cultural y artístico brasileño.
Centenares de simpatizantes recibieron al ex sindicalista al grito de “¡Lula, guerrero, del pueblo brasilero!”.
“Lo que nos une es la democracia, el respeto de las opiniones diferentes”, dijo Chico Buarque. “Estamos ante un golpe de estado de terciopelo, pero un golpe de estado de todos modos”, agregó.
Rousseff nombró a Lula jefe de gabinete, pero su asunción fue bloqueada por un magistrado que la consideró una mera artimaña para protegerlo de la justicia ordinaria, que investiga su presunta implicación en el escándalo de corrupción de Petrobras.
Esa investigación, abierta en 2014 por el juez Sergio Moro con el nombre de operación Lava Jato (lavado a presión) ha llevado a la cárcel o sentado en el banquillo a buena parte de la élite económica y política del país.
La corte suprema dirá el próximo 20 de abril si Lula finalmente puede ser ministro.
La posición del exmandatario es paradójica: según una encuesta Datafolha, en algunos escenarios lideraría una primera vuelta electoral con 21% de los votos, pero es al mismo tiempo el político con los mayores índices de rechazo, superior al 50%.