Provea y Human Rights Watch presentaron este 4 de abril en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe acerca de los abusos de los cuerpos de seguridad que cometieron durante la implementación de las llamadas Operaciones de Liberación y Protección al Pueblo (OLP).
De acuerdo a las cifras de esta investigación, se encuentran: 14 mil personas detenidas preventivamente contra las 100 que fueron imputadas; 245 que fallecieron por presuntamente enfrentarse a las autoridades y 20 de estos casos, según la investigación llevada a cabo por estas ONG, que demuestran que hubo ejecuciones extrajudiciales; 17 mil viviendas allanadas sin ninguna orden judicial y las 9 mil 756 demolidas, entre otras.
Nizar El Fakih denunció en Alba y Sergio que durante las OLP se violaron gravemente los derechos humanos, además de ejecutar arrestos arbitrarios de los cuales la gran mayoría quedaron en libertad. Asimismo señaló que el estado no le dio soluciones habitacionales a las personas que perdieron sus casas durante los procedimientos de las OLP.
Rafael Uzcátegui, por su parte, quien participó en la redacción del informe, aseguró que la mano dura no soluciona el crimen si se sigue con un sistema judicial el cual nadie confía.
Según José Miguel Vivanco, de Human Right Watchs, nunca antes en América Latina se había visto algo como los procedimientos de las OLP, donde militares y policías allanaban casas arbitrariamente y se eliminaba todo vestigio de la existencia de las comunidades. “no conozco práctica similar a las OLP en Latinoamérica por su nivel de brutalidad”, sostuvo.
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