El diputado y vicepresidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional (AN), Armando Armas, presentó este lunes un balance del trabajo parlamentario realizado durante los primeros 100 días de gestión, que pese a la violencia y los obstáculos del Gobierno para torpedear todas las iniciativas de cambio, considera que ha sido fructífero.
Nota de prensa
Armas destacó que durante este lapso, además de la discusión y aprobación de leyes, ha mantenido contacto permanente con las comunidades, en especial con las de los municipios Sotillo, Urbaneja y Guanta, con cuyos habitantes asumió este compromiso durante la campaña electoral. “Llevamos 100 días de lucha incansable por Anzoátegui y por Venezuela. Junto con mis colegas de la bancada de la Unidad Democrática, hemos aprobado seis proyectos de leyes y tres han sido sancionados”.
Entre los instrumentos legales aprobados mencionó el de Otorgamiento de Títulos de Propiedad para los Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda, Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional, Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública; Limitación de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios, Referendos y reforma a la Ley Orgánica del TSJ.
También quedaron sancionadas la Reforma Parcial a la Ley del Banco Central de Venezuela, la de Amnistía y Reconciliación Nacional y la del Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados.
Durante los intensos debates sobre temas de interés nacional como la libertad de expresión, corrupción, violación a los Derechos Humanos, narcotráfico, desabastecimiento, muerte de mineros de Tumeremo, crisis humanitaria y del servicio eléctrico, Armas levantó su voz para pronunciarse sobre el problema del acceso a las medicinas y el colapso del sistema de salud en el país y en el hospital Luis Razetti de Barcelona, lo que calificó como un genocidio silencioso.
Apoyó la ley que permitirá la repatriación de capitales que se llevaron los corruptos a paraísos fiscales, y la Ley de Referendos.
El parlamentario anzoatiguense asumió la presidencia de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Comisión de Seguridad y Defensa. Desde esa instancia ha fijado posición sobre la situación de las fronteras, supuestos excesos cometidos por militares y el voto censura contra el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
Cifras y resultados
Con el objetivo de garantizar que la voz de los anzoatiguenses sea escuchada en la AN, el diputado Armando Armas ha mediado para buscar una solución a los problemas plateados por los trabajadores, gremios y vecinos de la entidad.
A través de la Oficina Parlamentaria se han realizado 20 asambleas de ciudadanos en Guanta, Puerto La Cruz y Lechería; se recibieron cuatro denuncias laborales de los sindicatos de Venezolana de Cementos, Bolivariana de Puertos, Misión Barrio Adentro y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y ocho reclamos de consejos comunales por las deficiencias de los servicios públicos como electricidad y agua, y trabas para legalizar a los voceros; que en total suman cerca de 5.000 personas atendidas.
En el caso de los cementeros, se instaló una mesa de trabajo y se solicitó un derecho de palabra ante la AN, para explicar las malas condiciones de operatividad de la planta, que afectan a 1.267 trabajadores y la salud de los guanteños a causa de la contaminación.
También se está elaborando un informe sobre el terrorismo laboral contra los trabajadores de Bolipuerto y las enfermeras de los Centros de Diagnóstico Integral (CDI).
Armas ha tratado con especial atención la situación del hospital Razetti. El 5 de febrero hizo un recorrido por este centro asistencial, el principal del Oriente del país, y presentó un informe ante la Subcomisión de Salud de la AN, presidida por el diputado José Manuel Olivares.
Con respecto a los constantes hechos de violencia cometidos dentro del Núcleo Anzoátegui de la Universidad de Oriente (UDO), Armas responsabilizó directamente al gobernador Nelson Moreno de mantener a grupos de delincuentes armados en el alma máter y se comprometió a mediar ante el parlamento para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria y sus bienes.
“Esto es sólo el comienzo. Nadie dijo que sería fácil. El gobierno de Nicolás Maduro, utilizando todas las instituciones del Estado, especialmente el Tribunal Supremo de Justicia, ha emitido 11 sentencias que afectan el desempeño de la AN, pero no por ello vamos a doblegarnos. La lucha continúa y seguiremos insistiendo en la ruta por el cambio del sistema político, de una forma por pacífica, constitucional y democrática, cumpliendo así con el mandato que nos dio el pueblo en los comicios del 6 de diciembre de 2015”, acotó el parlamentario, quien aseguró que periódicamente rendirá cuentas al pueblo que lo eligió.