El dirigente del partido Voluntad Popular en Carabobo, Salvatore Lucchese, aseguró este jueves que mientras esté vigente la Ley de Policía Nacional, no existirán planes de seguridad que puedan ponerle fin al clima de inseguridad que vivimos los venezolanos, pues, a su entender, esta ley lo que vino fue a interferir con el trabajo que desde los municipios y los estados se venía haciendo en pro de garantizar la paz ciudadana.
“Desde hace ya algún tiempo vengo diciendo que esa Ley de Policía Nacional -a la que prefiero llamar Ley de Extorsión de Policía Nacional, pues fue creada para chantajear a los gobiernos regionales y locales opositores al régimen chavista- debe ser derogada para abrir paso a una ley moderna que responda a la verdadera realidad del país y que cumpla con el principio de descentralización que está establecido en nuestra Constitución Nacional, para que pueda garantizar mayor eficacia en la lucha y prevención del delito”.
El ex director de la policía municipal de San Diego –Carabobo-, aseguró que esa Ley obligó a los alcaldes y gobernadores a establecer una terna con el gobierno nacional para designar a los directores de las policías municipales y regionales, decisión que finalmente es tomada por el gobierno central, contraviniendo a la propia Carta Magna que establece que deben ser elegidos por los gobiernos locales, esto con la finalidad de mantener el control de las policías, entorpeciendo el avance que estas habían alcanzado en materia de seguridad y prevención del delito, gracias precisamente al trabajo que venían haciendo de forma descentralizada.
“El asunto es que los directores de las policías municipales y regionales son impuestos por los ineptos que tenemos en el Ministerio del Poder para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Ellos te extorsionan y colocan allí al policía que mejor les convenga, que siga la línea partidista el PSUV en contra de los derechos de los venezolanos, porque a ellos no les importa el ciudadano, sólo le importa que sigan la línea del gobierno. Entonces colocan allí a policías corruptos a quienes no les interesa otra cosa que usar sus chapas para robar, matraquear y violar la ley”.
Precisó Lucchese que el problema tiene muchas aristas, dentro de las que destacan la falta de preparación e ignorancia en materia policial de quienes dirigen las policías, la deficiente formación y profesionalismo de los funcionarios, así como el alto grado de corrupción de los cuerpos policiales que deberían velar por la seguridad de los ciudadanos.
“Es lamentable ver cómo, desgraciadamente, dentro de nuestras policías la mayoría de los funcionarios se han dejado corromper por un sistema que también es corrupto. Pero ¿cómo no se corrompen cuando observan el ejemplo que dan los jueces y fiscales, quienes lejos de administrar justicia han hecho de la impunidad el caldo de cultivo para que delitos de toda naturaleza nunca sean castigados?”.
Lucchese indicó que el problema de la corrupción policial se observa en hechos como el ocurrido el fin de semana pasado cuando un grupo de policías del municipio Valencia fueron captados por las cámaras de la ciudadanía incurriendo en hechos tan bochornosos como el bachaqueo. “Nada puede justificar eso, pero también hay que verlo en el contexto de las condiciones sociales, económicas y de beneficios laborales de los policías, a quienes parece les está resultando más rentable bachaquear alimentos”.
“Estos policías corrieron con la mala suerte, para ellos, que alguien los estaba grabando, pero yo estuve el fin de semana pasado en los mercados de Guacara y San Joaquín y vi como, impunemente, bajo la mirada complaciente de los cuerpos de seguridad, había bachaqueros vendiendo pasta de diente en 2 mil bolívares y azúcar en 800 bolívares. Entonces uno les preguntaba quién les daba esto y ellos aseguraban que la Guardia Nacional, la Policía estadal y la municipal”.
El activista de Voluntad Popular hizo un llamado a toda la colectividad a no ser complacientes con situaciones como estas, pues existen mecanismos para formular denuncias de policías corruptos.
“Si de alguien no debe tolerarse la más mínima muestra de corruptibilidad es en un policía. Pero pienso que tal vez la sociedad está siendo muy complaciente o temerosa de denunciar. Si uno ve a un policía que anda con un teléfono que cuesta más de 1 millón de bolívares, o con unas motos o vehículos que tienen un costo incompatible con el sueldo que ganan; entonces uno debe sospechar que algo está sucediendo. ¿De dónde sale ese dinero? Esa es la pregunta que muchos se hacen pero que pocos pueden responder”.
Hizo un llamado a la nueva Asamblea Nacional a que derogue la Ley de Policía Nacional de inmediato para abrir paso a una nueva ley, moderna, que propicie una depuración profunda de la policía con la finalidad de rescatar el perfil del funcionario, que trabaje en pro de la ciudadanía con un alto estándar de formación profesional y ética.
Nota de prensa