La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, rechazó este lunes la intervención que, a su juicio, ejerce “la derecha apátrida” al pretender solicitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, una petición que, aseguró, “no procede”.
EFE
“No es posible su activación (…) además de la profunda ignorancia que significa esta solicitud, lo único que quiere la derecha es la intervención de Venezuela”, dijo Rodríguez a periodistas desde la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas.
Las declaraciones se dieron tras la entrega de un documento por parte de representantes de la alianza chavista Gran Polo Patriótico en contra de la “intervención de la derecha en el país”.
Rodríguez indicó que Venezuela “tuvo participación activa en la construcción de la Carta Democrática Interamericana” y “es uno de los pocos países del mundo (…) donde se conjuga la democracia representativa con la participación directa y protagónica del pueblo”.
La funcionaria venezolana aseguró que los opositores al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,”en lugar de querer el bien y el progreso del pueblo venezolano”, pretenden “la intervención y la sumisión” para “apoderarse de los recursos naturales de Venezuela”.
La oposición venezolana anunció hace meses que pediría al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, sin embargo, en los últimos días ha asegurado que lo que solicitarán en principio es que la OEA aborde la situación del país.
“Queremos que la OEA evalúe los mecanismos para proteger la democracia en Venezuela”, dijo el pasado 28 de abril el diputado y presidente de la Comisión parlamentaria de Política Exterior, el opositor Luis Florido, y agregó que “(la Carta Democrática) no es el único instrumento de derechos humanos del cual Venezuela es parte”.
Para el parlamentario, no es necesario “que se expulse a Venezuela de la OEA” pero, dijo, es menester que “se sepa” que en el país caribeño “somos víctimas de violaciones de derechos humanos”.
La Carta Democrática, aprobada en 2001, tiene entre sus consecuencias la suspensión de un país del organismo, algo que solo ocurrió con el golpe de Estado en Honduras en 2009.