El Gobierno interino de Brasil, presidido por Michel Temer, “analiza” la decisión de Venezuela de llamar a su embajador en Brasilia, Alberto Castellar, tras la suspensión de sus funciones de la presidenta Dilma Rousseff, dijeron hoy a Efe fuentes oficiales.
Portavoces de la cancillería brasileña explicaron que aún no se ha decidido si se dará una respuesta al anuncio hecho por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que este viernes reveló que le había “pedido” al embajador Castellar que viajara a Caracas tras lo que califica como “golpe de Estado” contra Rousseff.
Cuando Maduro hizo el anuncio, que no llegó a explicar si suponía lo que la diplomacia califica de “llamada a consultas”, Castellar ya estaba en la capital venezolana y de hecho se había reunido con el propio presidente y la canciller, Delcy Rodríguez.
En un discurso pronunciado en cadena de radio y televisión, Maduro calificó la decisión del Senado brasileño, que el jueves separó a Rousseff del cargo para que responda a un juicio político con miras a su posible destitución, como “una canallada contra ella, contra su honor, contra la democracia, contra el pueblo brasileño”.
Casi al mismo tiempo, la cancillería brasileña, ahora dirigida por el veterano político José Serra, emitió dos comunicados en los que rechazó las opiniones proferidas por la Unasur, la Alba, y los Gobiernos de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua sobre la suspensión de Dilma Rousseff.
Serra, un manifiesto adversario del llamado “bloque bolivariano”, es el primer canciller político que Brasil tiene desde 2002 y por su talante conservador se preveía un fuerte giro en la política exterior del país, que comenzó a expresarse este viernes, al día siguiente de que Temer asumió el poder tras la suspensión de Rousseff.
En una nota, Brasil acusó a los “bolivarianos” de “propagar falsedades” y, en un comunicado separado, “repudió” la posición del secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, que consideró “incompatibles” con su cargo.
Samper, que presidió Colombia entre 1994 y 1998, consideró que el proceso iniciado en Brasil podría violar “el principio de separación de poderes” al otorgar al Parlamento “la posibilidad de criminalizar actos administrativos”.
Los Gobiernos de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, por su parte, advirtieron sobre una posible “ruptura democrática” y tanto Maduro como el presidente boliviano, Evo Morales, calificaron lo ocurrido con Rousseff como un “golpe”. EFE