La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela -FEDECÁMARAS-, afirma que el nuevo Decreto de Excepción y Emergencia Económica se sigue sosteniendo en premisas y supuestos falsos, que mantienen un diagnóstico equivocado de la situación del país y como consecuencia, plantea medidas contraproducentes para la economía, que inevitablemente profundizarán la crisis y seguirán deteriorando las ya afectadas condiciones socioeconómicas de todos los venezolanos.
Nota de prensa
Es imposible ocultar el deficiente desempeño económico de esta administración y su manifiesta dificultad para abordar con eficiencia la crisis. El Gobierno nacional no le dice la verdad al país, evadiendo así su responsabilidad sobre las deterioradas condiciones sociales y económicas que viven las familias venezolanas.
En los considerandos del decreto, el Gobierno no hace mención alguna a la imposibilidad del sector productivo de adquirir materia prima, no hace mención al gasto público que mantiene el Estado; ni a las intervenciones y estatizaciones de empresas privadas que estaban al tope de su capacidad de producción, pero que en la actualidad, han perdido productividad, eficiencia y muchas constituyen importantes focos de corrupción; no hace mención alguna a la creciente impresión de billetes por parte del Banco Central de Venezuela, que ha producido la aceleración inflacionaria que estamos experimentando todos los venezolanos.
Este nuevo decreto intenta “legitimar” y “legalizar” una intervención de la producción, la distribución y la comercialización de bienes, dejándole al Ejecutivo nacional un amplio margen de ambigüedad y discrecionalidad, abriendo la puerta a más arbitrariedades y excesos. El decreto conduce a una menor transparencia en el manejo de los dineros públicos, lo que alimenta el contexto de creciente corrupción ya existente en la administración pública, denunciada incluso por simpatizantes, militantes y dirigentes de la coalición oficialista.
Son muchas las promesas hechas al país: se prometió un bolívar fuerte; un control de cambio que evitaría la fuga de capitales, un país libre de corrupción, una Venezuela donde se garantizaría la soberanía alimentaria, todas promesas sin cumplir.
Desde el pasado 14 de enero estuvo vigente el primer Decreto de Emergencia Económica, el cual se justificó como una vía rápida para dar respuesta a los problemas económicos que agobian a los venezolanos, hoy solo tenemos como resultado: más inflación, mayores niveles de escasez, una galopante corrupción, más líneas de producción detenidas, un deterioro progresivo de los servicios públicos y mayores temores y desconfianza. El nuevo Estado de Excepción y de Emergencia Económica publicado en la Gaceta Oficial Número 6227, se convertirá, igual que el anterior, en más ruina económica, hambre, carencias y desesperanza.
La crisis económica y social de nuestro país, no se resuelve con un decreto de 60 días, prorrogables por 60 más. Se resuelve fortaleciendo el aparato productivo nacional, con más inversiones, y para esto hace falta generar confianza en los procesos democráticos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Para reactivar nuestro aparato productivo no hace falta decretos, lo que hace falta es garantizar el respeto a los derechos de propiedad; garantizar condiciones de seguridad personal y jurídica; garantizar la estabilidad de las principales variables macroeconómicas; implementar mejoras en la infraestructura de servicios públicos; reformar el régimen cambiario; levantar progresivamente el régimen de control de precios; implementar estímulos fiscales para las inversiones de mediano y largo plazo en el país; implementar incentivos financieros para la modernización del aparato productivo nacional; actualizar la legislación laboral; revisar y adecuar las obligaciones tributarias del sector privado, y revisar y actualizar otras normas que forman parte del marco regulatorio, para facilitar las operaciones de empresas y, en especial, para estimular rápidos incrementos de volúmenes de producción. Estas medidas deben venir acompañadas de un conjunto de programas sociales dirigidos a mitigar el impacto social en los ciudadanos de menos recursos. Lamentablemente, nada de estas medidas se mencionan en el nuevo decreto.
El sector privado reitera su disposición a contribuir a que Venezuela supere la crisis. Los empresarios estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para mantener nuestras empresas a flote y con ella los más de 10 millones de empleos que generan progreso y bienestar a la familia venezolana. Urge la restauración de espacios para el diálogo social, para la reconciliación nacional. Los empresarios queremos trabajar y producir, somos parte de la solución y rechazamos enérgicamente todo lo que implique paralización de empresas y mayor empobrecimiento de la población.