El decreto de estado de excepción y emergencia económica abarca un compendio de escenarios sociales, económicos y políticos que, de acuerdo con los expertos, no solo fortalece la concentración de poder en el Presidente de la República, sino que propasa los límites constitucionales.
María Ramírez Cabello / Correo del Caroní
El abogado Jesús María Casal, doctor en derecho y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), aseguró que el Decreto N° 2.323, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.227 que circuló el lunes, es un fraude a los límites que establece la Constitución desde el punto de vista temporal a los estados de excepción.
“Es una manera subrepticia de soslayar el límite constitucional, porque ya existía un estado de emergencia económica por 120 días, es decir, ya tuvo una prórroga y la Constitución solo permite una prórroga. Como no se podía adoptar otra prórroga, se dicta un nuevo decreto. No obstante, el presidente aprovecha para incluir otras atribuciones y este estado de excepción tiene la peculiaridad de que combina distintas figuras que en la Constitución están separadas porque tiene elementos de estado de emergencia económica, pero también de conmoción interior y de estado de alarma”, explica.
Casal cuestionó que las medidas establecidas en el documento sean enunciativas, pues podrían llevar al mandatario nacional a adoptar no solo las medidas que se mencionan sino cualquier otra que estime conveniente para los fines genéricos del decreto “que alude a la supuesta desestabilización, introduce temas como el control especial con límites poco claros sobre el apoyo internacional a organizaciones públicas o privadas, y suspende atribuciones de la Asamblea Nacional en la aprobación de contratos de interés público, créditos adicionales y votos de censura que acarreen la remoción”.
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