Las autoridades mexicanas comenzaron hoy los trabajos de exhumación de los cuerpos de la fosa de Tetelcingo, en el central estado de Morelos, donde están depositadas más de un centenar de personas, informaron hoy fuentes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
EFE
La diligencia es encabezada por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), sobre la cual recae la responsabilidad de los trabajos, y en ella participan la UAEM, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
En el lugar se encuentran 25 familiares provenientes del estado de Morelos, pero también de otros como Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Coahuila o la Ciudad de México, que reclaman cada una uno de los cuerpos enterrados en la fosa.
Sin embargo, se estima que la cifra de cadáveres en la fosa es mucho más elevada. Según datos de la FGEM, hay 116 cuerpos, pero de acuerdo con la información ofrecida por la PGR estos ascenderían a 150.
Los trabajos de exhumación, que dieron inicio con la oración por parte de un sacerdote católico, fueron interrumpidos durante algunos momentos porque se denotaron “incumplimientos de los acuerdos” por parte de la fiscalía estatal, dijo a Efe el director del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM, Roberto Villanueva Guzmán.
La FGEM estaba incumpliendo puntos acordados en la reunión de las instituciones colaboradoras con la fiscal general, Arely Gómez, el pasado 9 de mayo.
Por ejemplo, se quería restringir el acceso a la prensa y hacer una única grabación del proceso, impidiendo el registro por parte de las otras instituciones.
Asimismo, había “una preocupación de que al momento de hacer la exhumación pudieran quedar algunos líquidos que pudieran considerarse un riesgo”, y la fiscalía estatal no había traído la maquinaria necesaria para hacer unas canaletas para los residuos, explicó Villanueva.
La UAEM solicitó que acudiera al lugar el fiscal de Morelos, Javier Pérez Durón, tras lo cual se garantizó el cumplimiento de los acuerdos y se pudo continuar con la diligencia.
Por el momento, los trabajos están siendo enfocados a emparejar el área de la fosa, extrayendo tierra.
Cuando el terreno ya esté recto y preparado, los cuatro equipos de peritos participantes se coordinarán para empezar a sacar los primeros cuerpos, apuntó Villanueva.
Estos pasarán, en primer lugar, a una mesa de trabajo para su limpieza, desde la cual serán llevados a otra para la toma de muestras genéticas y un trabajo de antropometría, donde se pueda determinar el sexo, la estatura o si el cuerpo tiene algún rasgo que pueda facilitar su reconocimiento.
La existencia de esta fosa clandestina en el municipio de Cuautla salió a luz a raíz de la investigación sobre el paradero de Oliver Wenceslao Navarrete, quien fue secuestrado y asesinado en 2013.
Su cuerpo, a pesar de estar plenamente identificado, fue inhumado de manera ilegal en la fosa en marzo de 2014, lo que constató irregularidades en el proceso llevado a cabo por la fiscalía estatal.
Por este motivo, los familiares exigieron a principios de este mes que las exhumaciones de la fosa no fueran llevadas únicamente por la fiscalía estatal, sino que en la toma de muestras genéticas participaran más instituciones que vigilaran el proceso.