Juan Carlos Monedero y otros dos miembros del partido político español Podemos avalaron la tesis doctoral de Gladys María Gutiérrez Alvarado, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en el año 2011, cuando formaron parte del jurado en la Universidad de Zaragoza. Lea a continuación la crónica que publica hoy el diario El Mundo de España.
Profesores de Podemos doctoraron a la juez clave de Nicolás Maduro
Por Marisa Recuerdo en el diario El Mundo (España)
Según ha podido averiguar este periódico y se puede comprobar en la base de datos de tesis doctorales del Ministerio de Educación, el 21 de diciembre de 2011 la juez venezolana leyó su tesis, titulada El nuevo paradigma constitucional latinoamericano. Dogmática social extensa y nueva geometría del poder, en laUniversidad de Zaragoza, ante un tribunal compuesto por cinco profesores universitarios. Entre ellos se encontraba Monedero, uno de los principales fundadores de Podemos y número tres del partido en sus primeros tiempos.
Precisamente, Monedero fue apartado de la dirección de Podemos en 2015 tras descubrirse una transferencia de 425.150 euros procedentes del Banco del Tesoro de Venezuela a una empresa creada por él mismo para recibir ese dinero.
El artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuelaestablece como uno de los requisitos para ser magistrado de esta institución «tener título universitario de especialización, maestría o doctorado en el área de ciencia jurídica». Gladys Gutiérrez optó por realizar su tesis doctoral en España, siendo elegida después para el puesto de presidenta del tribunal, que ostenta desde el año 2013 y para el que volvió a ser ratificada el año pasado hasta 2017.
La juez está vinculada al chavismo desde sus inicios. Llegó a España en el año 2000 como consejera del consulado venezolano. En apenas un año se convirtió en la cónsul del país latinoamericano en Madrid y en 2003 se alzó como embajadora, cargo que mantuvo hasta 2005. En 2006 regresó a Caracas, donde fue nombrada procuradora general. En dicho cargo permaneció hasta 2010, cuando fue elegida juez de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo.
Su gestión como juez siempre ha estado rodeada de polémica, al ser considerada por la oposición al chavismo una persona difícilmente objetiva, dada su vinculación política con el régimen. En este contexto, fue por ejemplo magistrada ponente de la sentencia que rechazó la impugnación de las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013. Esta decisión fue casi paralela a su designación como máxima responsable del Tribunal Supremo.
En las elecciones parlamentarias venezolanas del pasado 6 de diciembre, la opositora Mesa de Unidad Democrática obtuvo la mayoría de dos tercios de la Cámara. Tras la aplastante victoria, el chavismo aprovechó las vacaciones de Navidad para tomar una polémica decisión en sesión extraordinaria: nombrar a 13 nuevos magistrados del Tribunal Supremo presidido por Gladys Gutiérrez, muchos de ellos vinculados al régimen. Desde entonces, varias sentencias dictadas por el Tribunal han mermado la potestad del Parlamento para establecer cualquier control sobre el Ejecutivo, los militares y el poder judicial del país.
El Supremo tumbó la Ley de Amnistía de presos políticos y también declaró constitucional el estado de excepción decretado por Maduro, el pasado 13 de mayo. «Es la magistrada que tiene maniatado al Parlamento de Venezuela, las sentencias relativas a las decisiones de la Asamblea Nacional han sido emitidas por la Sala Constitucional, de la que ella también es presidenta. Recibe línea directa de Miraflores», aseguran fuentes de la oposición.
Esta misma semana, el Tribunal ha prohibido cualquier manifestación en los alrededores de las sedes del Consejo Nacional Electoral. «Ninguna decisión del Tribunal Supremo está por encima de la voluntad de cambio del pueblo. Seguiremos luchando por un revocatorio efectivo, y para eso debe darse este mismo año», manifestó el diputado de la Asamblea Nacional Freddy Guevara.
La Asamblea Nacional, maniatada
De esta manera, el Supremo venezolano mantiene maniatada a la Asamblea Nacional, cuyas decisiones son tumbadas sistemáticamente por el Alto Tribunal. Circunstancia que ha provocado un bloqueo institucional que ha sumido a Venezuela en la crisis política que padece.
Pues bien, el doctorado que abrió a Gladys Gutiérrez las puertas del máximo órgano judicial de Venezuela fue avalado por varios miembros de Podemos. Junto a Juan Carlos Monedero, hubo otras dos personas vinculadas al partido que dieron el visto bueno a la tesis doctoral de la juez venezolana. Se trata de Francisco Palacios Romeo, que fue el director del trabajo, y de José María Pérez Collados, vocal del tribunal.
Los dos son miembros de Podemos en Aragón y personas vinculadas a dirigentes del partido. Tanto Palacios como Pérez Collados formaron parte de las listas que se presentaron en 2015 para formar parte de la dirección de Podemos en Aragón.
Anteriormente, Palacios, el director de la tesis de Gladys Gutiérrez, había sido suplente en las listas electorales de IU en Zaragoza en las elecciones generales de 2011. En la actualidad, es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, doctor en Derecho Constitucional y coordinador de este área.
Por su parte, Pérez Collados es catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Girona, aunque también fue profesor en la de Zaragoza. Su trayectoria universitaria está vinculada a centros latinoamericanos.
En el currículo de la juez también consta la realización -previa a la tesis- de una «especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia en España y la Universidad Menéndez Pelayo». Dicha especialización serviría para cubrir las exigencias de formación recogidas en la Ley del Tribunal Supremo para formar parte del organismo. Sin embargo, un portavoz de esta universidad explicó a este diario que Gladys Gutiérrez «no ha sido nunca alumna de la Universidad Menéndez Pelayo» y su nombre ni siquiera aparece en la base de datos de los alumnos que pasaron por el centro.
En este sentido, confirmó que en la UIMP se cursa un Máster de Derecho Constitucional, no una especialización, en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Hace unos años, su nombre era Máster en Derecho Constitucional y Ciencia Política.
Este diario se puso en contacto también con el centro de estudios en cuestión para confirmar que esta institución imparte cursos de postgrado que respondan al nombre «especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política». Fuentes oficiales del centro explicaron que no imparten cursos de especialización. Es más, precisaron que la única formación que ofrece, sin contar el patrocinio de la UIMP, son «seminarios y cursos pequeños» a través de los cuales no se consiguen títulos de postgrado, sino certificados que se canjean por puntos para conseguir el nivel de postgrado. (El Mundo)
Nota de redacción: Las páginas de lapatilla.com están abiertas a los nombrados en la crónica del diario El Mundo para que hagan las precisiones y aclaratorias que consideren pertinentes.