La Policía boliviana reprimió hoy con gases lacrimógenos y agua a personas con discapacidad que protestan en La Paz desde hace un mes, y detuvo a seis personas en las inmediaciones de la Plaza Murillo, sede del Palacio de Gobierno y otras instituciones del Estado. EFE
El Ministerio boliviano de Gobierno (Interior) informó en un comunicado sobre la detención de seis personas que, según su versión, no tienen discapacidad.
La Policía, de acuerdo con la nota oficial, también trasladó a una mujer a un centro médico debido a su “estado de histeria”, mientras que los medios locales reportaron cuatro heridos en la manifestación.
Decenas de personas con discapacidad han acampado en las inmediaciones de la Plaza Murillo, en La Paz, adonde llegaron tras marchar 383 kilómetros a pie desde la ciudad de Cochabamba, algunos en sillas de ruedas o apoyados en muletas, para exigir al Gobierno un subsidio mensual.
Desde la llegada de la marcha a la sede de Gobierno, los enfrentamientos entre este colectivo y las fuerzas de seguridad se han repetido en varias ocasiones.
La policía denunció que este miércoles las personas movilizadas agredieron a los agentes.
Los hechos se produjeron esta mañana en un nuevo intento de las personas con discapacidad de acceder a la Plaza Murillo, un área que tiene sus ocho calles de entrada bloqueadas por las fuerzas de seguridad desde hace un mes.
Las personas movilizadas reclaman desde hace meses que el Gobierno les pague un subsidio de 73 dólares al mes, en lugar de la ayuda anual de 150 dólares que reciben en la actualidad.
En una conferencia de prensa, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, acusó a dirigentes de la protesta de recibir beneficios estatales y de haber participado activamente en la inauguración de instalaciones para beneficiar al sector.
Desde que la marcha tomó protagonismo público, días antes de su llegada a La Paz, el Gobierno emite publicidad institucional en el canal estatal con varios anuncios que destacan los recursos dedicados al sector.
El Ejecutivo también ha utilizado los medios estatales para negar la representatividad de las personas movilizadas.
Mientras tanto, el Gobierno ha llegado a acuerdos con algunos sectores y asociaciones de personas con discapacidad, mientras que las negociaciones con los movilizados están bloqueadas porque estos no aceptan alternativas al bono, que el Gobierno considera inviable.
Un vídeo difundido este miércoles en medios locales, mostró al recién designado defensor del Pueblo, David Tezanos, dando dinero a varias personas discapacitadas en la terminal de autobuses para facilitar su regreso a su región de origen.
Tezanos fue hasta hace dos semanas funcionario del Ministerio de Justicia y su nombramiento como ombudsman ha sido cuestionado por la oposición.
En una entrevista con la radio “Compañera”, Tezanos reconoció que él es la persona del vídeo y explicó que ayudó con dinero propio a un grupo de personas de la región de Tarija (sur) con las que el Gobierno llegó a un acuerdo.