El Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Diputado Freddy Guevara, presentó un balance de la gestión de esa instancia parlamentaria en el período comprendido entre enero y abril de 2016.
Nota de prensa
Guevara explicó que la Comisión investiga actualmente 89 casos en los que se registran distintos delitos administrativos, tales como sobreprecios, evasión fiscal, malversación, sobornos, irregularidades en contrataciones, desviación, planificación y apropiación indebida, y lavado de dinero. En este sentido, precisó que el patrimonio afectado que abarca dichas investigaciones en solo 4 meses asciende a 69 mil millones de dólares.
“De los 89 casos, 67 han sido retomados de períodos anteriores que estaban engavetados sin ningún tipo de avance; y otros 22 que hemos iniciado en nuestra gestión desde el 13 de enero. Son 69 mil millones de dólares desviados en numerosos casos de corrupción. Con esa gigantesca suma de dinero, Venezuela podría solucionar por completo la crisis alimentaria, de salud, viviendas, eléctrica, educativa y de transporte. Una cúpula roja se robó el dinero de los venezolanos y destruyó el país”, subrayó.
El parlamentario detalló que las investigaciones comprenden distintas áreas temáticas, en los que el patrimonio afectado comprende cuantiosas sumas de recursos públicos.
“En PDVSA el patrimonio público afectado es superior a los 7 mil millones de dólares, siendo Rafael Ramírez, Abraham Shiera y Roberto Rincón los responsables más emblemáticos. En el área de alimentación, el patrimonio afectado supera los 2 mil millones de dólares, mientras que en salud, la cifra asciende a 950 millones de dólares. Entre tanto, el saqueo cambiario que se cometió a través de los distintos mecanismos controlados por el Gobierno –CADIVI, Cencoex, Sitme– afecta hasta la fecha un patrimonio que ronda los 60 mil millones de dólares”, indicó.
El Presidente de la Comisión de Contraloría criticó la actuación permisiva del gobierno para combatir la corrupción, señalando que su despacho ha enviado 107 cartas rogatorias, oficios y solicitudes a distintas instituciones del Estado sobre las investigaciones en curso, de las cuales solamente se han recibido 5 respuestas de la Fiscalía General de la República, negando la información solicitada.
“Maduro declaró en semanas pasadas que quería acabar con la corrupción, pero su gobierno no hace nada sino que promueve la impunidad. Durante los últimos 18 años, una cúpula llegó al poder hablando en nombre de los pobres por una supuesta lucha contra la corrupción, pero la realidad es completamente distinta. La llamada revolución ha sido la responsable del régimen más corrupto no solamente de Venezuela, sino del hemisferio occidental”, afirmó Guevara.
Al respecto, informó que las investigaciones en curso involucran a 88 altos funcionarios o ex funcionarios del gobierno, siendo lo más relevantes, además de Rafael Ramírez, Manuel Barroso, Rafael Oropeza, Hebert García Plaza, Jesús Montilla, Alejandro Andrade, Carlos Malpica, José David Cabello, Giusseppe Yoffreda, Félix Osorio, Carlos Osorio, Eugenia Sader, Eudomar Tovar, Rodolfo Marco Torres, Alejandro Fleming, José Khan, Iván Bello, Mary Espinoza, Edgar Hernández, Nelson Reynaldo Lepage, Francisco Arias Cárdenas, Iris Varela, Asdrúbal Chávez y Adán Chávez.
Guevara agregó que en el mes de mayo la Comisión de Contraloría inició nuevas investigaciones, tales como las relacionadas con la histórica filtración de información sobre paraísos fiscales conocida como “Panama Papers”, las cuales ya se encuentran en curso en el seno de esa instancia.
Añadió que la agenda legislativa de la Comisión continuará desarrollándose conforme al cronograma aprobado en el seno de esa instancia. En ese sentido, declaró que se encuentra en fase final la consulta pública del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; en tanto que en las próximas semanas serán introducidos ante la plenaria de la Asamblea Nacional los proyectos de Ley contra la corrupción y para la salvaguarda del patrimonio público, y la Ley de recuperación de activos desviados en actos de corrupción.