El politólogo Leandro Querido, especializado en observación electoral y director ejecutivo de la ONG Transparencia Electoral, opinó para la agencia Télam, sobre la situación política en Venezuela y las dilaciones del gobierno para realizar el referendo revocatorio presidencial para revocar el mandato de Nicolás Maduro.
Venezuela se ha transformado en un problema para todos, inclusive para los que hasta hace poco tiempo continuaban defendiendo las posturas del gobierno de Nicolás Maduro y ahora los ha invadido el pudor. Las escaladas de violencia estatal siempre terminan igual, redoblando la apuesta.
En la última sesión del Parlasur se percibió cómo el bloque madurista ya no tiene la influencia de otras épocas. El gobierno venezolano se ha transformado en una pesada carga tanto para los diputados de la región que provienen de los partidos políticos enrolados en el Foro de San Pablo como así también para un organismo como el Parlasur que fue construido sobre la base de documentos firmados por presidentes y cancilleres que resaltan los valores de la democracia, la diversidad y el estado de Derecho.
Venezuela es desde hace tiempo un estado de excepción y es ese estado el negador por naturaleza de todo lo que se entiende por democracia. Cuando hay estado de excepción las garantías constitucionales se suspenden, los derechos políticos se evaporan, la violencia estatal asume su peor faceta: la de la impunidad. A diferencia del caso Brasil, en donde una crisis se resuelve en el marco de los procedimientos establecidos por la Constitución, en Venezuela la respuesta del gobierno pasó, entre otras cosas, por la movilización de civiles armados para amedrentar a una ciudadanía hambrienta y sin medicinas. La represión es la única carta que parece jugar este débil gobierno.
Desde Transparencia Electoral de América latina, observamos el trabajo de todos los organismos electorales de la región. El caso del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) se encuentra entre los más influenciados por el poder Ejecutivo y esto, lamentablemente, obtura la salida electoral a la crisis.
La situación del proceso revocatorio así lo demuestra. El injustificado retraso del CNE puede cortar el delgado y sobreexigido hilo de lo que queda de institucionalidad. El referendo es un medio de participación política que está contemplado en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También está consagrado en los artículos constitucionales 6, 197, 198, 233 y 293.5, y en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) y la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).
Siguiendo lo establecido en la norma un grupo de electores introdujo la petición al CNE para que la opositora Mesa de Unidad (MUD) fuera intermediaria de su solicitud de Referendo Revocatorio Presidencial y, luego, esta organización con fines políticos solicitó la aprobación para constituirse en Grupo Promotor de esta iniciativa constitucional. Para obtener esta cualidad debe contar con el respaldo del 1% del padrón electoral, que, de acuerdo al corte de enero de este año, es de 19 millones 797 mil 764 electores; es decir, 197.978 electores. Para ello era necesaria una planilla cuyo formato tenía que proveer el CNE.
La MUD tuvo que introducir en tres ocasiones la petición de los formatos para cumplir con el requisito de la recolección de firmas para la solicitud de Referendo Revocatorio Presidencial. El pedido que empezó en marzo término siendo respondido el pasado 26 de abril.
Con esta decisión el CNE se excedió en sus competencias y colocó un primer obstáculo a los solicitantes de la iniciativa del Referendo. Una vez que el CNE facilitó el formato para la recolección de firmas equivalente al 1% del padrón electoral, la MUD entregó el pasado 2 de mayo aproximadamente nueve veces más de lo requerido: 1 millón 850 mil firmas.
La Resolución N° 070906-2770 establece que los solicitantes debían entregar las firmas “dentro de los treinta días” siguientes a la entrega de la planilla por parte del CNE. La MUD consignó las firmas 7 días después de recibir el formato para la recolección de firmas. El CNE interpretó que tenían que transcurrir los 30 días para empezar el proceso de validación de firmas, aunque lo que establece la norma es que el grupo de solicitantes contará con “hasta 30 días continuos”, pero no señala que deben agotarse los 30 días para continuar con el proceso. Este argumento innecesario viola el principio de celeridad que está garantizado en el artículo 3 de la misma Resolución. Por si fuera poco, el CNE creó requisitos de validación ad hoc que no están contemplados en la normativa.
Sin embargo, una de las rectoras, Socorro Hernández, anunció que todas las planillas que contienen las firmas serán digitalizadas y digitadas; trámites que no están contemplados en la normativa, y que este proceso culminará el próximo 2 de junio. Adicionalmente a este nuevo paso, como es la digitalización, el CNE también ha incorporado ilegalmente otros dos requisitos: la transcripción de las planillas (trámite que tomará hasta el 1 de junio) y posteriormente un trámite de auditoría.
Por último, aunque no menos importante, Hernández también informó que los datos de las personas que firmaron serán de acceso público. Aclaró que aunque no se tratara de una publicación de los datos de los firmantes, sí se permitirá constatar a través del número de cédula de identidad si una persona firmó o no. Este hecho viola el derecho a la confidencialidad de los datos personales.
Todas las violaciones en las que ha incurrido el CNE han significado un retraso de más de 45 días en el proceso refrendario. Todos estos nebulosos aspectos del proceso revocatorio fueron denunciados por Transparencia Electoral en el marco del Parlasur.
Es evidente que el CNE, en vez de facilitar los trámites para que los venezolanos ejerzan sus derechos políticos, está retrasando la implementación del proceso.
Por tanto, no dar lugar a un revocatorio empuja al gobierno de Maduro a esa bolsa abultada en cuyo interior se encuentran las experiencias de gobiernos de tradición autoritaria y dictatorial. Nada tendrá que ver con la democracia, nada tendrá que hacer en los organismos regionales compuestos por democracias. Estas acciones violan el Protocolo de Ushuaia y la normativa del Parlasur.
Los tiempos del diálogo se terminaron cuando el gobierno decidió burlarse de ellos al punto de poner en ridículo a la Unasur y al propio Papa, mediadores en aquella oportunidad fallida de 2014.
Ahora es tiempo de elecciones, de revocatorio, de presencia internacional velando por los derechos políticos de la ciudadanía venezolana porque debe saber el señor Maduro que la democracia no es una opción. Es la única opción.
(*) Politólogo especializado en observación electoral y director ejecutivo de la Ong Transparencia Electoral.