La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó hoy su “preocupación” por la declaración del estado de excepción y de emergencia económica en Venezuela, emitida el pasado 13 de mayo con una duración de sesenta días.
EFE
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó ese día un decreto “de estado de excepción y emergencia económica” que le otorga “el poder suficiente” para hacer frente a un supuesto golpe de Estado en su contra.
“Preocupa a la Comisión que el decreto en cuestión pueda comprometer el respeto del Estado de Derecho y la separación de los poderes estatales”, afirmó la CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un comunicado divulgado desde su sede en Washington.
El decreto -afirma- “dota al Poder Ejecutivo de poderes discrecionales” y, mediante un lenguaje “amplio y ambiguo”, establece conceptos como el de “acciones desestabilizadoras que atenten contra la seguridad y la soberanía nacional”, para aplicar medidas de seguridad pública y “planes especiales”.
También inquieta a la Comisión el hecho de que, en el contexto de desabastecimiento que afecta al país, el decreto atribuye funciones de control ciudadano a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), entre las que se incluye la “correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad”.
La CIDH entiende que, por carecer las Fuerzas Armadas de un adecuado entrenamiento para desempeñar labores de control de la seguridad ciudadana, “corresponde a una fuerza policial civil, debidamente entrenada y respetuosa de los derechos humanos, garantizar la seguridad y mantener el orden público”.
Además, la Comisión considera que el decreto “vulnera el artículo 222 de la Constitución de la República” al atribuir a la Presidencia la potestad de decidir la suspensión temporal de la ejecución de “sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público”, función de control propia de la Asamblea Nacional.
La CIDH recuerda al Estado venezolano su “obligación de garantizar los derechos humanos de la población” y reitera su llamamiento a garantizar “un clima de libertad y seguridad para todas las personas que habitan en el país”.
Ese clima – añade- forma parte del derecho de los venezolanos a “vivir en una democracia respetuosa del Estado de Derecho, la separación de los poderes del Estado y con plena vigencia de los derechos humanos”.
El comunicado de la CIDH se publicó un día después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, decidiera invocar la Carta Democrática sobre Venezuela.
Esa decisión abre un proceso de reuniones y votaciones que pueden tener como consecuencia, desde resoluciones o gestiones diplomáticas hasta la eventual suspensión de Venezuela como miembro del organismo.
Almagro se convirtió así en el primer titular de la OEA en activar la Carta a un Estado miembro contra la voluntad de su Gobierno y lo hizo amparándose en el artículo 20.
Ese artículo de la Carta autoriza al secretario general o un Estado miembro a pedir la convocatoria inmediata del Consejo Permanente de la OEA, cuando en un país de la organización “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.
El paso de Almagro enojó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien aseguró este martes que el informe en el que el secretario general de la OEA pide activar la Carta Democrática está “lleno de odio” y lo descalifica “a los ojos de América”.