La asociación civil, Espacio Público emitió la tarde de este jueves un pronunciamiento en rechazo a las agresiones que sufrieron varios profesionales de la comunicación mientras cubrían una protesta que se suscitó este jueves en la avenida Fuerzas Armadas de Caracas.
Así mismo rechazan de manera categórica la criminalización a la que está sometida la prensa venezolana al ser hostigada.
A continuación el texto completo:
Durante la cobertura de varias protestas registradas en el centro de Caracas este jueves 2 de junio, al menos 14 trabajadores de la prensa entre periodistas, fotógrafos y camarógrafos fueron amenazados, robados y en otros casos golpeados por grupos civiles armados, ante la pasividad y en otros casos acción cómplice de los cuerpos de seguridad.
Rechazamos de forma categórica la criminalización a la que está sometida la prensa venezolana al ser hostigada, amenazada e intimidada de manera reiterada por grupos armados mientras realizan coberturas de calle. Esta serie de hechos se inscribe dentro de un patrón estatal que, encarnado en funcionarios policiales militares, y autoridades públicas, insulta, amenaza y agrede a periodistas y ciudadanos que registran información en su legítimo derecho a la libertad de expresión, al trabajo y a la seguridad personal.
Solo entre enero y mayo de 2016, Espacio Público registró 40 casos de intimidación, entre impedimento de cobertura, confiscación de equipos y material, detenciones arbitrarias y 19 casos de agresiones contra trabajadores de la prensa. Situación que es alentada por un discurso hostil desde el alto gobierno, y por la impunidad asociada a la falta de investigación de los hechos violentos denunciados.
Ante las obligaciones ineludibles del Estado en garantizar los derechos y la libertades de todos los venezolanos, sin excepción, exigimos:
Que el Ministerio Público adelante las investigaciones correspondientes de los hechos ocurridos y sanciones a los responsables, sean funcionarios públicos o civiles, en el marco de las garantías constitucionales. Estas investigaciones deben conducir a establecer las responsabilidades de manera conclusiva con un procedimiento adelantado de manera independiente.
Que en el marco de sus obligaciones el Estado en sus distintas instancias garantice la búsqueda y registro de información tanto de periodistas como de infociudadanos a fin de respetar y preservar el derecho humano a la libertad de expresión de todos los venezolanos.