Es sencillamente bochornoso que el Gobierno se valga del TSJ para burlar a su conveniencia los mandatos de la Constitución Nacional.
Desde enero de 2016 hemos sido testigos del despropósito por parte del Ejecutivo, de desconocer abiertamente y sin rodeos a una Asamblea Nacional que el pueblo soberano eligió con una mayoría abrumadora, como una improbación a la pésima gestión del actual modelo político que rige los destinos del País, y como una forma de abrirle puertas a la crisis que se vive en Venezuela.
Un TSJ conformado por unos “magistrados exprés”, colocados a dedo de forma tramposa y con el silencio cómplice de los otros poderes carentes de autonomía. Dándose a la tarea el TSJ, de despachar sentencias a la medida del ejecutivo para anular los esfuerzos que día a día se hacen desde el Parlamento para dotar de leyes a la nación. Leyes necesarias para enrumbar al país por el camino del cambio político, social y económico, que demanda la realidad actual.
El PSUV acusó de “golpe al hígado” haber perdido la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Quisieron instaurar una Asamblea paralela que no tuvo ningún impacto, ni respaldo popular por tratarse de una clara violación a la constitución; entonces a través de la Sala Electoral del TSJ, le arrebatan a los electores del estado Amazonas sus Diputados electos por el soberano, suspendiendo su juramentación, a pesar de haber sido legalmente proclamados por el CNE, poder éste que, por cierto hizo “mutis por el foro”.
Desde allí en adelante el resquebrajamiento institucional se hace evidente con la entrada en juego de la Sala Constitucional, que a través de 14 sentencias declaran inconstitucional todos los actos legislativos autónomos aprobados en el Parlamento nacional hasta la fecha.
Este afán de aferrarse al poder por el poder, de forma ciega y obcecada, ha hecho que el Gobierno de Maduro se haya desligado totalmente de la realidad del día a día de un pueblo que sufre, y al que cada vez se le hace más difícil cubrir sus necesidades básicas y ejercer sus derechos consagrados en la Constitución, por la dramática escasez de alimentos, medicina, el alto costo de la vida, el intervencionismo del estado y una invasión sistemática de la delincuencia.
Sí bien es abominable hacer de nuestra Constitución letra muerta, para favorecer abiertamente a Nicolás y a su camarilla en su objetivo de mantenerse en el poder, sin importarles los verdaderos problemas que vive el pueblo, al tiempo de desconocer la voluntad del soberano que le dijo a las elites gobernante el pasado 6D, que querían una Asamblea Nacional que cumpliese con el mandato constitucional de legislar y controlar en favor de todos los venezolanos y no solo de un grupo ó parcialidad política.
No es sano ni sensato la destrucción de la autonomía de los poderes públicos, ni oponerse por la vía del totalitarismo, del abuso de poder, a la voluntad del pueblo, mucho más aún cuando éste, quiere expresarse a través del voto, para decidir mediante un referendo revocatorio el destino de la patria, y quienes controlan el poder se oponen, por el temor a ser desplazados de sus cargos por la voluntad popular y el beber que ellos tienen de rendir cuentas de sus actos, que a todas luces son violatorios y acarrean responsabilidades, civiles y penales por el ejercicio de sus funciones de acuerdo al marco jurídico constitucional y a las leyes de la República.
Diputado Freddy Paz
@freddyspaz