El Tribunal de Cuentas, órgano auditor del Estado brasileño, emplazó hoy a la mandataria suspendida Dilma Rousseff a aclarar diversas irregularidades contables detectadas en los resultados fiscales de su Gobierno en 2015, reseñó EFE.
La presidenta, separada de sus funciones desde el pasado 12 de mayo para responder a un juicio político que se fundamenta en esas irregularidades, tendrá un plazo de treinta días para responder a las dudas sobre esos balances, según anunció hoy ese tribunal.
El plazo fue fijado después de que el magistrado José Mucio Monteiro presentó un análisis de los resultados del Gobierno el año pasado, en el que detectó que durante ese ejercicio se mantuvieron diversas irregularidades descubiertas ya en 2014.
Entre otras, citó la contratación de créditos por parte del Gobierno con la banca pública, lo cual está prohibido por ley, o la emisión de decretos autorizando aumentos del gasto público sin la debida autorización del Congreso.
El informe presentado por el magistrado dice que “el agravamiento de los resultados fiscales” propiciado por esas maniobras “puso en riesgo la economía” del país, a pesar de que el propio Tribunal de Cuentas había advertido sobre eso a mediados del año pasado, cuando reprobó los resultados del Gobierno en 2014.
La conclusión de Mucio Monteiro pone en duda una de las líneas de defensa de Rousseff ante la comisión del Senado responsable por el juicio político en su contra.
Según la defensa, las cuentas del Gobierno en 2015 aún no han sido juzgadas por el Tribunal de Cuentas, por lo que no pueden ser contempladas en el proceso.
Ese criterio se completa con la tesis de que, según diversas interpretaciones de las leyes, un presidente solo puede ser juzgado por irregularidades fiscales mientras esté en pleno ejercicio de su mandato.
Rousseff fue reelegida en 2014, último año de su primer período, por lo que, según los argumentos de su defensa, solo puede responder por el año 2015, cuando de acuerdo al Tribunal de Cuentas, también se registraron las maniobras contables que llevaron a la apertura del juicio de destitución.