Cuando uno escucha a los voceros del régimen alegar que está fuera de la normativa de la Organización de Estados Americanos que no sean los gobiernos de los países quienes soliciten la activación de la fulana Carta Democrática de esa institución intergubernamental, no nos queda más que preguntarnos ¿a quién están llamados a proteger este tipo de organismos, a los gobiernos que maltratan o a los pueblos qué lo sufren?, así como ¿Quién verdaderamente puede recurrir a esa instancias en petición de auxilio?
Por Juan José Moreno A.
Porque el ciudadano común, el hombre del pueblo que no está ni medianamente informado sobre los mecanismos normativos que rigen para la protección de los ciudadanos de un país, puede entender que la razón y fin de la existencia de organismos como la OEA o la ONU, deberían tener como prioridad escuchar y atender las quejas y reclamos de la población que, en casos como el venezolano, no se siente representado en estos momentos por el gobierno de turno. De hecho en la propia Carta de la OEA al definir los objetivos del organismo, donde se establece entre otros garantizar en la región un “orden de justicia y paz”, establece que “Para lograr sus más importantes propósitos, la OEA se basa en sus principales pilares que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo”. Entonces, condiciones que como el mundo entero conoce, y en el informe de 150 páginas entregados por el Secretario Luis Almagro a los representantes de los países miembros se demuestra que ninguna de estas se cumple, ¿podría entenderse que sólo la representación oficial puede considerarse facultada para tener voz autorizada ante tan importante instancia?
Pues no, sencillamente porque, si bien es cierto que corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones exteriores del país, según el numeral 4 del artículo 236 de la Constitución, también lo es el hecho que corresponde a la máxima representación del pueblo que, en este caso es la Asamblea Nacional, dictar decisiones en materia de relaciones internacionales, de acuerdo con lo que también se contempla en los artículos 156, numeral 1 y 187 numeral 1 de la misma Constitución. Y por algo la Asamblea tiene una Comisión de Asuntos Exteriores.
Pero según nos quieren hacer creer los flamantes Presidente y Canciller que nos gastamos, a la OEA solamente pudiera tener acceso quienes ejercen el poder; cosa que se traduciría en la sola posibilidad de atender a quien tiene la fuerza, reprime y mata de hambre y desasistencia a todo un pueblo que busca alternativas para salir de la crisis que este conjunto de calamidades significan para él.
Si fuera así, tendríamos que aceptar que una instancia como la susodicha, solo estuviera dispuesta para recibir los planteamientos de personajes como la ministra de Salud, que se niega a reconocer que miles de venezolanos mueren de hambre por falta de medicina; a un ministro de la Defensa que permite que sus hombres actúen con la mayor impunidad, maltratando en las calles y en las cárceles a una población indefensa y a sus representantes legales; e incluso a una autoridad electoral que humilla a los ciudadanos tendiéndole trampas a una inmensa mayoría de los venezolanos que se enfrentan a quienes les agreden de las distintas maneras, solo para impedirles ejercer derechos plenamente consagrados en la Constitución de la República, como son los del voto y el revocatorio presidencial. Solo eso nos faltaría.
Por eso es que nuestra representación, ampliamente facultada por la avalancha de votos que el pasado 6 de diciembre decidió torcer el rumbo de perdición y ruina del país a las que nos han traído desde hace 17 años quienes detentan el poder desde entonces, reclama ante la OEA y ante todo el mundo civilizado la ayuda que requerimos para salir de la peor crisis humanitaria, social y económica jamás sufrida en toda la historia de la nación.
Como pueblo que sufre tantas calamidades juntas, tenemos ese derecho a reclamar, de la manera más contundente posible, ante la OEA, la ONU, Unasur y cuanto organismo intergubernamental exista, con la voz de nuestra representación parlamentaria, como vocero plenamente autorizado por la mayoría de los venezolanos; aunque fuerzas comprometidas con el régimen madurista, beneficiarias de los favores repartidos a auténticos gobernantes chulos de muchos países de Latinoamérica y del mundo, a expensas de las riquezas que arrebatan a nuestro pueblo, nos hagan más difícil el camino hacia el rescate de la nación.
Las cartas sin embargo, están echadas; en manos de la representación de los países miembros de la OEA está el informe ampliamente documentado por su Secretario General de la situación que sufre el pueblo venezolano, comenzando por la ruptura de orden institucional, de la brutal represión política implantada por el régimen contra sus adversarios, de la acentuación de la pobreza e imposibilidad de las mayorías para tener acceso a medicinas y alimentos, negación de los derechos políticos a la mayoría de los venezolanos y todo el cuadro de calamidades que hoy sufre toda la población.
Aparentemente no estamos tan solos como podríamos pensar, porque si bien tenemos razones para desconfiar en la mal llamada diplomacia latinoamericana representada, en su lado más oscuro y obtuso, por los máximos exponentes de su baja cualidad en las personas de los actuales cancilleres de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, la respuesta de la mayoría de los representantes de países de la región, asistente a la asamblea del pasado jueves 23, nos hace retomar el optimismo de los días posteriores al 6 de diciembre; como nos aumenta la esperanza con actitudes como la demostrada por el soberano pueblo venezolano que contra la humillación, mala fe y ensañamiento de las autoridades del CNE salieron a ratificar su voluntad de extender su respectiva carta democrática de despido al responsable número uno de todos los males que hoy aquejan a los 30 millones de venezolanos que los sufrimos.