La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció hoy en Buenos Aires las detenciones arbitrarias de disidentes políticos en Venezuela -21 desde mayo-, la “gravedad” de las violaciones de derechos humanos que se cometen y la falta de una justicia independiente.
EFE
“Venezuela está regido por un régimen cívico militar”, aseveró en la capital argentina el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, durante la presentación a la prensa de un informe sobre la situación de los disidentes políticos en ese país.
El documento, construido a partir de testimonios de familiares, abogados y víctimas, revela que desde mayo de este año se han producido al menos 21 detenciones “arbitrarias” de disidentes políticos por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional.
Según Vivanco, los detenidos denunciaron abusos, torturas y tratos “crueles e inhumanos” como intentos de violación, amenazas de muerte, asfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas o golpes “brutales” por parte de las fuerzas de inteligencia “sin respeto al debido proceso”, que luego “no son investigados”.
El objetivo es “castigarlos” e “intimidarlos” para arrancarles confesiones y que se autoinculpen de delitos “que no han cometido”, agregó antes de destacar que normalmente se les imputan cargos basados en documentación “ilícita” o escasas pruebas como panfletos contrarios al Gobierno.
De estos 21, la mayoría activistas detenidos en manifestaciones, nueve continúan en cárceles de máxima seguridad en situación de “indefensión total” y quienes sí han sido liberados permanecen “vinculados” a una investigación penal.
Esta circunstancia es la misma a la que se enfrenta el resto de disidentes políticos que pasaron por la cárcel durante los últimos años en Venezuela, sobre todo desde las protestas de febrero de 2014 que, según el director de HRW para América, dejaron un saldo de unos 3.000 detenidos.
Entre quienes no lograron acceder aún a la libertad se encuentra el líder opositor Leopoldo López, quien lleva dos años en una prisión militar “sin evidencias” por “capricho” del Gobierno de Nicolás Maduro, que, a su juicio, lo tiene “secuestrado”.
“La regla en Venezuela es la impunidad total y la arbitrariedad”, aseguró Vivanco, quien también criticó la “sistematicidad” con la que los agentes del Estado cometen estas violaciones de derechos humanos, así como el grado “enorme” de concentración de poder que existe y que impide que funcione un poder judicial independiente que sea capaz de “prevenir y sancionar” las agresiones.
Asimismo, presentó otro informe de HRW en el que se asegura que “centenares” de empleados públicos han sido despedidos por haber firmado en favor del referéndum revocatorio de Maduro sin que se les haya explicado los motivos y, en casi todas las ocasiones, a través de una carta con un mensaje idéntico.
Vivanco denunció la “inconsistencia” de la actitud del Gobierno venezolano, que “anuncia diálogo con la oposición a nivel internacional” mientras a nivel interno “se empecina en el amedrentamiento”.
Para él, todos estos abusos “deben y pueden” confrontarse por parte de la comunidad internacional si se ejerce una “presión enérgica” a través de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por eso destacó que aunque el presidente argentino, Mauricio Macri, con el que se reunió el pasado lunes, tiene una visión “muy crítica” ante la falta de respeto de los derechos humanos en Venezuela, es necesario que se respalde activamente este mecanismo para revertir una situación que, consideró, “está empeorando”.
Vivanco señaló que la postura de la canciller Susana Malcorra es la de defender el entendimiento entre la oposición y Maduro, algo que a su juicio no es suficiente tras el informe presentado hoy.
“Creo que es un argumento sólido para evaluar si el diálogo ha arrojado algún elemento positivo” y aunque aseguró que no tiene objeción en que este se produzca, consideró que debe ir “apoyado” en la invocación de la Carta