Durante los últimos años los gobiernos de la región, aunque no los pueblos que han sido siempre solidarios, se han mostrado distantes de la realidad venezolana y por intereses muchas veces oscuros nos han abandonado en la lucha por la reconquista de la democracia y de las libertades fundamentales. No han visto o no han querido ver los presos políticos torturados, tampoco la persecución y el amedrentamiento, como una política de Estado. Menos aún han querido ver las violaciones de la Constitución Nacional, el irrespeto a la separación de podres, a la Asamblea Nacional principalmente.
Nota de prensa
Los gobiernos de la región parecen no percatarse de la crítica situación de los derechos humanos de los venezolanos. No solamente los derechos políticos fundamentales, pisoteados a diario; sino los derechos económicos y sociales.
El régimen de Nicolás Maduro, ante su fracaso y la mayor impunidad jamás pensada, enfrenta a la oposición con todos los medios para neutralizarla e imponerse y, ante la imposibilidad de mantenerse en el poder por la vía electoral, recurre a la provocación, con el fin de generar un estallido social de magnitud y alcance impredecibles que les permita una vez más aplicar la tesis de la victimización en la búsqueda del apoyo externo, lo que difícilmente funcionaria hoy.
La provocación se expresa mediante las groseras actuaciones del llamado tribunal supremo de justicia, las delirantes declaraciones de los cabecillas del movimiento destructor, Cabello y el psiquiatra Rodríguez quienes han adelantado una acción de calle violenta, con las fuerzas militares y policiales, pero también con las fuerzas paramilitares o colectivos, sufragados y sostenidos por el régimen de Maduro, para callar cualquier “protesta pacífica” que con derecho puedan adelantar los millones de venezolanos que reclaman un cambio de gobierno y de sistema político, económico y social.
Es el momento de que la comunidad internacional entienda definitivamente nuestro problema, nuestra crisis, la realidad de los presos políticos y de la violación de los derechos humanos que lleva a cabo el régimen en forma sistemática. Es el momento de que despierte de una vez por todas y asuma su responsabilidad que debe basarse en la solidaridad entre pueblos y no entre gobiernos o regímenes dictatoriales como los de Venezuela, Nicaragua, Bolivia o Ecuador.
La mayoría de los gobiernos democráticos del Mercosur han adoptado una posición en la dirección correcta. Ninguno apoyó al régimen totalitario de Nicolás Maduro. Otros gobiernos democráticos de la región, el de Argentina ayer, también el de Brasil y Panamá, hoy el de Perú se han pronunciado en favor del respeto a la democracia en Venezuela y de nuevas fórmulas para resolver la crisis.
Es el momento de concebir nuevo mecanismos o procedimientos distintos a los creados para resolver la crisis cuyo fracaso es evidente. No más mediación unilateral encabezada por el desprestigiado Samper, acompañado de un cuestionado Zapatero y otros que tampoco garantizan un proceso de transición, como Leonel Fernández y Torrijos, aprovechadores de las ventajas de una Venezuela rica y decente que lo fue hasta que los militares y civiles de la revolución asaltaran el poder y se apoderaran de las riquezas del país.
Debemos hablar no de esas mediaciones unilaterales y parcializadas que no tienen ningún futuro, incluso si en ella llegare a participar, aunque seguro de muy buena fe, la Iglesia; sino de verdaderos acercamientos con el aval de gobiernos democráticos de la región que garanticen la imparcialidad y la independencia pero sobre todo acuerdos aceptables y duraderos.
Robert Carmona-Borjas