En una insólita decisión, que se emparenta con las practicadas por gobiernos autoritarios de este hemisferio, y a sólo tres meses para la elección presidencial, la mayoría oficialista del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la Asamblea Nacional, destituyó a 28 parlamentarios del Partido Liberal Independiente (PLI) despojando a los diputados de su curul y violando la soberanía de los nicaragüenses que los eligieron. La intención de ese grupo de partidarios de Daniel Ortega no es otra que perpetuarlo en el cargo e instalar un régimen de partido único que suprima la pluralidad política al desplazar a sus adversarios.
El gobierno de Daniel Ortega tiene años recurriendo a la destrucción de la institucionalidad nicaragüense, utilizando a los entes judiciales y electorales con oscuros propósitos y en su propio interés. Previo a la destitución de los diputados, el oficialismo, en complicidad con el poder judicial, apartó al dirigente Eduardo Montealegre de la conducción del Partido Liberal Independiente, entregándosela, bajo polémicos procedimientos, a Pedro Reyes Vallejos, una figura claramente alineada con el gobierno.
Una Asamblea Nacional complaciente con el Ejecutivo y una Corte Suprema de Justicia controlada por militantes del partido de gobierno, cohonestaron la decisión esgrimiendo argumentos baladíes como el de “evitar el transfuguismo político”, lo cual constituye no sólo un fraude a la ley y un golpe a la separación de poderes, sino también un desconocimiento de la voluntad popular.
El Grupo Ávila rechaza la destitución espuria de los parlamentarios del PLI por constituir una arbitrariedad inaceptable que ha sido avalada por instancias judiciales y electorales mediatizadas por el gobierno, lo cual configura una alteración del orden democrático, expresión de un modelo político que pretende eliminar las facultades del parlamento, tal y como está ocurriendo en Venezuela. En tal sentido, exhortamos a la Organización de los Estados Americanos, al Parlamento Latinoamericano y al Parlamento Centroamericano a repudiar esta acción ilegítima y a promover de forma inmediata, en el marco de la Carta Democrática Interamericana, iniciativas que conduzcan a la normalización de la institucionalidad democrática en ese país.
Igualmente, nos unimos al exhorto realizado por 26 ex Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica para que se mantenga una actitud vigilante frente a las vulneraciones de la democracia en Nicaragua.
Np