Las comunidades indígenas de Venezuela emitieron un comunicado en el que rechazan la decisión del Gobierno de crear la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)” con la que se pretende entregar en concesión para la explotación de minerales una extensión de 111.843 km2, correspondiente al 12,2% del territorio nacional.
Destacan que la decisión de crear el AMO se realiza incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas (artículo 129) así como consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats indígenas (artículo 120 CRBV y artículo 7 Convenio 169 de la OIT).
Comunicado
A propósito de celebrarse este 9 de agosto un nuevo Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las organizaciones indígenas venezolanas y sus aliados deseamos insistir en las deudas del gobierno venezolano para materializar los derechos de los pueblos originarios consagrados en nuestra Carta Magna. La demarcación y entrega de los territorios no ha avanzado más del 15% de tierras indígenas, a pesar que la Constitución establecía un plazo de dos (2) años para que fuera realizada en su totalidad. Aunado a la paralización del proceso de demarcación se agrega una nueva amenaza a la cultura y forma de vidas de las comunidades: la promoción de proyectos de minería sin cumplir con los requisitos establecidos en la Carta Magna, ignorando las garantías presentes en su Capítulo VIII.
El pasado 24 de febrero de 2016 apareció publicado, en Gaceta Oficial 40.855, el Decreto número 2.248 mediante el cual se crea la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”. De esta manera el Ejecutivo Nacional pretende entregar en concesión para la explotación de minerales una extensión de 111.843 km2, correspondiente al 12,2% del territorio nacional.
La decisión de crear el AMO se realiza incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas (artículo 129) así como consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats indígenas (artículo 120 CRBV y artículo 7 Convenio 169 de la OIT). Dentro del territorio decretado como AMO, en el estado Bolívar, habitan los pueblos Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak, Akawako, Yekwana, Sanema y Pemón, cuyos modos de vida serían afectados irreversiblemente por la actividad minera. Así como a los pueblos y comunidades indígenas fronterizas y aledañas al AMO ubicadas en el estado Amazonas y Delta Amacuro. No puede continuar promoviéndose este proyecto sin cumplir los requisitos constitucionales, especialmente la realización de procesos de consulta previa, libre e informada, como lo establecen los estándares internacionales de derechos humanos, con las comunidades y pueblos cuyo modo de vida será afectado por la actividad minera.
Las organizaciones indígenas del estado Amazonas, encabezadas por Orpia, suscribimos el presente documento, reconociendo los avances jurídicos en materia indígena, que se deben proteger y materializar; y ante cualquier amenaza a nuestros derechos fundamentales estamos obligados a elevar nuestra voz en los espacios que sean necesarios. Es una oportunidad más de reiterar el llamado hacia las instituciones que tienen la obligación de reconocer y proteger la existencia de los pueblos originarios.
Sin embargo, no todas son malas noticias para los derechos de los pueblos originarios. Las organizaciones saludamos la aprobación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el marco del 46° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada el pasado 15 de junio de 2016, tras 17 años de negociaciones. Esperamos que las obligaciones emanadas de esta Declaración presionen al Estado venezolano al cumplimiento de sus compromisos y deudas con la población indígena en el país.
Organizaciones indígenas:
ACEINLUZ (Consejos Estudiantiles Indígenas de LUZ)
Comité de Derechos Humanos de la Guajira
Organización de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA)
Organización Wainjirawa- Fuincep
Organización Kuyunu del Alto Ventuari
Organización Indígena Piaroa Unidos del Sipapo (OIPUS) Autana
Organización Indígena de la Cuenca del Caura Kuyujani, Bolívar
Organización de Mujeres Indígenas del Amazonas (OMIDAS) de Autana
Organización Indígena Yabarana del Rio Parucito
Kurripaco, Baniba, Warekena y Yeral del Guainía, Río Negro y Atabapo (KUBAWY) de Maroa
Organización Chejerume de Manapiare
HORONAMI, Organización Yanomami de Alto Orinoco
Cabildo Inga de Amazonas
Organización del Pueblo Baré (OPIBA)
Organizaciones aliadas:
Amnistía Internacional Venezuela
Acción Solidaria en VIH/sida
Aquí Cabemos Todos
Asociaciación Civil Ecológica Chunikai
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)
Asociación Civil Perijá
Aula Abierta Venezuela
Cátedra Libre de Derechos Humanos de la UCLA
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Centro de Investigaciones Jurídicas UNEG
CIVILIS Derechos Humanos
Convite AC
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU. Bolívar
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)
DERECHOS HUMANOS Y@
Espacio Público
EXCÚBITUS DHE (derechos Humanos en Educación)
Federación Ambientalista Internacional
Foro Penal Venezolano
Fundación Aguaclara
Fundación de Derechos Humanos del estado Sucre (INCIDE)
Fundación de la Academia de Ciencias (FUDECI)
Fundacion Asesoría Venezolana y América Latina (Fundaval)
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), Universidad de Los Andes
Laboratorio de Paz
La Guarura.net.ve
Observatorio Ambiental Venezolano
ONG Una Montaña de Gente
Organización Nelson Garrido
Phynatura A.C.
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Red ARA
Redes Ayuda
Revista SIC
Sinergia
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
Una Ventana a la Libertad
Unión Nacional de Trabajadores (UNETE)
Adhesiones internacionales
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (México)
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Perú
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) de Ecuador
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH (Guayaquil, Ecuador)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras
Fundación Myrna Mack (Guatemala)
Fundación para el Debido Proceso
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala
Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragua
Paz y Esperanza (Perú)
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)
Individualidades
Any Y. Alarcón, Messina Italia
Ana María Aguirre, Psicóloga Social
Antonino Macrí, Messina Italia
Augusto Bastidas, Geógrafo, Barquisimeto
Carlos Ayala, Abogado y ex-presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Carla Pérez, abogada, Bolívar
Cristina Nicklas, trabajadora social, guayanesa
Cristina Vaamonde | Ambientalista, Defensora de los DDHH, artista, poetisa
Francisco Mejía, Músico
Gina Moncada
José Francisco Camacho Chaparro
Maricruz Benítez, Caracas
Marino Alvarado Betancourt, abogado, defensor DDHH
Margarita López Maya, historiadora
María Eugenia Gil Beroes
Mary Lourdes Graffe de Chacón
Leonardo Carvajal, Profesor de la UCAB, miembro de Asamblea de Educación
Luis Daniel Ramírez
Olga Ramos, Profesora de la UNIMET, miembro de Asamblea de Educación
Rafael Quiñones
Rodolfo Montes de Oca, Abogado, Caracas
Sandra Carrillo Kosak
Miguel Ángel Hernández, Secretario General PSL
Orlando Chirino, Coordinador Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)
Armando Guerra, Coordinador Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)
Antonio Espinoza, Coordinador Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)
Esperanza Hermida, Coordinadora Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)
José Bodas, Directivo Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros
Fran Luna, directivo Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros
Bladimir Carvajal, dirigente petrolero
Héctor Rincón, dirigente petrolero
Leonardo Ugarte, dirigente petrolero
Oswaldo Pacheco, Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)
Pablo Rodríguez, Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)
Fabricio Briceño, Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)
Rolando Gaitán, Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)
Scarlet Di Yessy, Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)
Emilio Bastidas, Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)
Perla Marcano, Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)
Mariela Alcalá, Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)
José Blanco, Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)
Yuri Yépez, biólogo
Jacques Jangoux, fotógrafo
Yolvis Moreno García
Elsi Jiménez-UCV
Viviana Salas Martin
Alma Eugenia Núñez A, Abogado.
Esteban Mejías, Biblioteca Libertaria Popular “Mauro Mejiaz”
María Cristina Parra-Sandoval, Universidad del Zulia
Liliana Vaudo
Belkis Rojas, profesora Universidad de Los Andes
Aimé Tillett, antropólogo