Al parecer, los “pranes” lograron el traslado de 2.000 detenidos a la PGV, que necesitan para incrementar sus ingresos con el cobro de la “causa”, el dinero que deben pagar reclusos para garantizar sus vidas, publica La Voz.
Con la liberación de 22 rehenes concluyó el sábado a las 12 de la noche y madrugada el domingo, el secuestro de funcionarios de la Penitenciaría General de Venezuela que estaban desde el lunes en poder de los reclusos. Los internos exigían la instalación de plantas eléctricas y el ingreso a dicho centro de 2.500 presos de otros reclusorios y retenes policiales.
Al parecer lograron el traslado de 2.000 detenidos a la PGV, que necesitan los pranes para incrementar sus ingresos con el cobro de la causa. En las afueras del recinto aguardaban familiares de los secuestrados y también de los internos.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, confirmó que trasladaron presos de varios retenes, del Cicpc, PNB, policías municipales y estadales, de acuerdo con lo verificado por organizaciones de derechos humanos.
Antes de ser ingresados los reseñaban en la cárcel 26 de Julio, que está cerca de la PGV y luego ingresaban a la penitenciaría, donde los delegados de los pranes los interrogaban para confirmar si podían pagar la causa, que oscila entre 2.000 y 5.000 bolívares.
Al reflexionar sobre el tema, Humberto Prado señaló que “el Estado accedió al chantaje de los presos, entregándoles a unos detenidos para que se hagan cargo de ellos”. -¿Quien responde por la vida de esas personas que llevaron de los retenes policiales a la PGV? se preguntó.