El miembro de la dirección regional de Primero Justicia en el estado Bolívar, Braulio Merino, criticó la bonificación del salario de los trabajadores venezolanos aprobado el pasado viernes por el presidente Nicolás Maduro, luego de anunciar un aumento del estipendio mínimo en 50% y el incremento de la base de cálculo del ticket de alimentación a 8 Unidades Tributarias (UT).
Maduro, en cadena de radio y televisión, notificó al país que a partir del 1º de septiembre entrará en vigencia el nuevo salario mínimo de Bs.22.576 (estaba en Bs.15.051) y del cestaticket a Bs.42.480 (estaba en Bs.18.586), es decir que el ingreso mínimo integral pasará de Bs.33.600,86 a Bs. 65.056 bolívares.
Merino explicó que los aumentos progresivos e inconsultos del salario mínimo y el ticket de alimentación, no resolverán el problema inflacionario, toda vez que para hacerle frente a esta medida populista, la administración pública apelará nuevamente a la emisión de dinero inorgánico, sin respaldo alguno, lo cual se traducirá en otra presión inflacionaria.
“Ellos creen que la inflación se controla decretando aumentos de salario. El Banco Central de Venezuela, si fuese un organismo autónomo, estaría obligado a frenar estas decisiones que sólo buscan generar simpatías en la población sin considerar que ellas, de por sí, desatarán una espiral inflacionaria”, explicó.
Pero el dirigente justiciero también criticó al gobierno que se hace llamar “obrerista”, pues en la práctica no hace otra cosa que destruir el poder adquisitivo de la clase trabajadora y atentar contra el único patrimonio que posee: sus prestaciones sociales. “Estos gobernantes que dicen amar al pueblo, están violentando la normativa laboral existente y saltándose todas las conquistas y reivindicaciones hasta ahora alcanzadas por la clase obrera. Estos bonos no tienen incidencia en el cálculo de vacaciones ni de prestaciones, ya de por sí golpeadas por los años de inflación acumulada”, manifestó, al aclarar que las dos terceras partes del ingreso laboral tampoco generan antigüedad.
Al incrementar por mucho el ticket de alimentación con respecto al salario mínimo, el gobierno nacional está reconociendo que este último no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de alimentación de los venezolanos.
Venezuela es un país que no está produciendo otro rubro de exportación distinto al petróleo, razón por la cual su Producto Interno Bruto (PIB) ha caído estrepitosamente en los últimos tres años, lapso a partir del cual se desplomaron los precios del crudo en los mercados internacionales. De allí, que su economía monoproductora esté herida de muerte.
“Este gobierno tiene que comenzar por corregir el déficit presupuestario y los desequilibrios macroeconómicos para que los incrementos salariales sean reales y no se conviertan sólo en una ilusión monetaria. El bolívar no tiene valor frente a una economía que está dolarizada desde hace muchos años, hoy cada bolívar que devenga un trabajador no es capaz de respaldar la compra de bienes o servicios cada vez más escasos”, apuntó el economista de profesión.
Merino insistió en el hecho de que el gobierno no puede seguir gastando más de lo que produce, no puede seguir destruyendo el aparato productivo y no puede seguir regalando a los países miembros de PetroCaribe y el Alba, los recursos que pertenecen a todos los venezolanos.
“Si aquí se siguen aprobando aumentos de salario y de cestaticket sin corregir los desequilibrios macroeconómicos, estaremos sentenciados a vivir con inflación, escasez y desabastecimiento, con mayor desempleo y con una deuda interna y externa impagables. Ni hablar de las empresas, industrias y comercios que cerrarán sus puertas ante la imposibilidad de hacerle frente a estos incrementos inconsultos cuando el gobierno los obliga a fijar márgenes de ganancia de 30% y la inflación acumulada de 2016 ya supera con creces 200%, según cifras extraoficiales”.
Concluyó Merino llamando a los venezolanos a defender el referéndum revocatorio como única vía pacífica, legal y constitucional, para acabar con el mandato de Nicolás Maduro este mismo año y con su modelo económico y social fracasado que nos ha llevado a la peor crisis. “Este 1º de septiembre tenemos que marchar todos hacia Caracas para exigirle a las rectoras del Psuv – CNE que fijen la fecha de recolección del 20% de las firmas para activar la consulta popular. Venezuela quiere cambio y nadie nos podrá quitar ese derecho”.