La Defensoría del Pueblo no se ha expresado ni una vez, en cuanto a las reiteradas violaciones de Derechos Humanos perpetradas en contra de los detenidos por razones políticas, pese a haber recibido numerosas denuncias al respecto, es por esta razón que está institución es degradada por organismos internacionales.
Así lo afirmó la presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, diputada Delsa Solórzano, al referirse a la decisión del subcomité de acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU al degradar la Defensoría del Pueblo venezolana a “clase b”.
Indicó la diputada Solórzano que no le sorprende la decisión del sub comité de la ONU a este respeto, puesto que la situación de indiferencia de la Defensoría del Pueblo ha sido una constante dentro de sus políticas.
“Lo vimos en primer término, con los torturados y presos a consecuencia de las manifestaciones pacíficas que hubo en el año 2014 en Venezuela, donde incluso hubo varios casos certificados por la Organización de Naciones Unidas como violación de Derechos Humanos. La Defensoría, a pesar de haber recibido denuncias de estos casos, nunca las tramitó”.
Asimismo destacó que la cifra de presos políticos actualmente es de 129 personas, número que cambia diariamente aseguró, porque todos los días se producen nuevas detenciones alrededor del país, sin justificación alguna, simplemente por disentir de este gobierno y su proyecto político fracasado.
En este sentido Solórzano recordó que la Organización de Naciones Unidas viene estudiando el comportamiento del citado organismo venezolano desde la gestión de Gabriela del Mar Ramírez, concluida hace 2 años.
“Este tipo de organismo debe tener como prioridad la protección de los Derechos Humanos. Es por esto que desde hace 2 años ha habido movimiento por parte de las distintas ONG’s denunciando la inactividad de la Defensoría sobre este tema”.
Al ser consultada sobre las consecuencias para Venezuela de completarse la degradación del organismo, la presidenta de la Comisión de Política Interior de la AN sostuvo que “no hay directas consecuencias para los venezolanos. Las consecuencias son para la Defensoría del Pueblo porque perderemos el voto en el Consejo de Derechos Humanos”.
“Además, de producirse la degradación, cuando se tenga una Defensoría del Pueblo real y sensata, costará muchísimo recuperar el voto que este gobierno se encargó de perder”, concluyó.