En calidad de Presidente de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, el periodista Miguel Ángel Rodríguez acudió este jueves al Ministerio Público, con la solicitud de cúlmino de investigaciones y resarcimiento administrativo y penal de los daños ocasionados a los venezolanos, a los trabajadores maltratados y a la propia institución legislativa, tras 5 meses de denuncia formal sobre el caso de Asamblea Nacional Televisión (ANTV).
Nota de prensa
Ante la Fiscalía 57 de competencia nacional, Rodríguez informó detalladamente de los bienes patrimoniales, muebles e inmuebles que “de manera ilegal fueron ultrajados a la Asamblea Nacional, incluyendo la frecuencia para transmitir en señal abierta de televisión. Todo, para favorecer a un grupo de amigos del partido de gobierno, en detrimento del patrimonio de todos los venezolanos”.
Denunció que pese a que la directiva de la Asamblea Nacional ha solicitado formalmente información a registros y notarías principales, el Servicio Autónomo de Notarías (Saren) guarda silencio sobre el presunto proceso de liquidación por el que al final del periodo pasado el parlamento habría erogado más de un centenar de millones de bolívares.
“Venimos en representación de todos los venezolanos, que son legítimos dueños de ese canal de la Asamblea y depositarios del derecho a la libertad de expresión y libre acceso a la información. Cuando se creó ANTV hace más de 11 años, fue para informar de los trabajos legislativos a toda Venezuela y no para que se creará un aparato de propaganda oficialista y retransmisión de otros canales del gobierno, como se le ve ahorita a esa señal con el remoquete de periodo de prueba”.
Rodríguez también explica su oficio al Ministerio Público como soporte a todos los diputados que, además de derecho, tienen obligación de informar a través de los medios de la institución los detalles de su trabajo a todos los electores.
Finalmente, rodeado de varias decenas de trabajadores de la antigua televisora del Parlamento, llamó la atención sobre el abandono y la violencia con que se habría actuado contra centenares de familias que tenían su sustento en el trabajo de estos comunicadores. “Creemos que además de todas las apropiaciones indebidas de patrimonio, el delito de discriminación laboral por motivos políticos y el atropello contra el derecho al trabajo, deben ser también clarificado por los fiscales, quienes tipifican y señalarían además quienes son los responsables de los posibles delitos que se comprueben”.