El ministro de Comunicación de Información de Venezuela, Luis Marcano, justificó este martes la decisión de remover a funcionarios públicos en cargos directivos que firmaron a favor del referendo revocatorio que la oposición impulsa contra el presidente Nicolás Maduro.
“Quien ostente un cargo de libre nombramiento y remoción (…) evidentemente no puede ser una persona que esté atentando contra la revolución bolivariana. Eso lo tenemos muy claro”, dijo Marcano, en entrevista con la televisora privada Globovisión.
Según el ministro, “muchas de estas personas” están “saboteando la administración pública”.
El dirigente oficialista Jorge Rodríguez anunció el lunes que se entregaron listas en cinco ministerios con los nombres de funcionarios que firmaron en una primera fase del revocatorio: la recolección de 200.000 firmas para autorizar a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como promotora del referendo.
“Tienen un plazo de 48 horas para que estas personas que están en los llamados cargos de confianza, cargos directivos, pues tengan otro destino laboral”, expresó el portavoz del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El secretario ejecutivo de MUD, Jesús Torrealba, condenó este martes las palabras de Rodríguez, al considerarlas “una amenaza” que busca detener la participación de los empleados públicos en el proceso del referendo.
“Él le dio 48 horas a los trabajadores. Yo le doy 48 horas a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo para que investiguen estas violaciones a la Ley Orgánica del Trabajo”, apuntó Torrealba.
Consultado por la prensa, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, subrayó que “el trabajo siempre debe evaluarse en función de la eficiencia de los empleados, sean de libre o no sean de libre remoción”.
Sin embargo, Saab -vinculado al chavismo desde los inicios de este movimiento- añadió que la evaluación también abarca “su compromiso con la institución (en la que laboran), con el país, con la paz y con la estabilidad”.
A julio, según cifras del sindicato Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), al menos 1.250 empleados estatales habían sido destituidos por respaldar el referendo.
La oposición se prepara para marchar el 1 de septiembre para exigir al poder electoral que anuncie la fecha de la siguiente fase del proceso revocatorio: la recaudación de cuatro millones de rúbricas requeridas para convocar la consulta.