Perú acatará una decisión judicial que ordenó al gobierno entregar en forma gratuita el anticonceptivo oral de emergencia que fue suspendido en 2009 por una sentencia del Tribunal Constitucional.
AP
“Somos respetuosos de las instancias y tendremos que acatar lo que nos diga el juez”, dijo a la prensa la ministra de Salud Patricia García, una epidemióloga que recientemente consideró una “inequidad supina” que el gobierno no pueda distribuirlo, lo que afecta a las mujeres más pobres que no pueden comprarlo.
La víspera el juez David Suárez, del primer juzgado constitucional de Lima, dictó una medida cautelar que dio un plazo de un mes al gobierno para la distribución del “anticonceptivo oral de emergencia” en todos los centros de salud a nivel nacional.
El juez declaró fundada la medida cautelar presentada por la ciudadana Violeta Gómez y la organización feminista Promsex en un juicio contra el Ministerio de Salud para que retome la entrega sin costo de los anticonceptivos suspendida en 2009 por una orden del Tribunal Constitucional que concluyó que existía una “duda razonable” sobre la naturaleza abortiva del medicamento y prohibió su entrega en todo el país.
Susana Chávez, directora de Promsex, dijo a la agencia estatal de noticias Andina que la restricción no sólo es dañina sino “vergonzosa” porque niega el derecho a las mujeres a elegir su propio método y discrimina entre quienes pueden comprarlo y las que no.
Según Promsex en Perú se venden anualmente unos tres millones de tabletas de anticonceptivos.