En un plebiscito que se celebrará probablemente en octubre los colombianos decidirán si validan o no los acuerdos de paz negociados por el Gobierno con las FARC, lo que será la prueba de fuego del proceso que durante casi cuatro años han mantenido en La Habana.
Más allá de las consideraciones y los argumentos sobre la conveniencia de que sea el pueblo el que determine si aprueba o rechaza los acuerdos, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se decantó por esa posibilidad, incluso antes de que las FARC lo aceptaran, renunciando a la opción de una asamblea constituyente, que consideraban más idónea y participativa.
El plebiscito, que fue avalado el pasado 18 de julio por la Corte Constitucional de Colombia, establece, para lograr la aprobación, que al menos el 13 % del censo electoral vote a favor, lo que significa 4.396.626 votos a favor del “sí”.
El debate de las próximas semanas no se presagia fácil pues al frente de cada bando están dos expresidentes de la República que representan la polarización que hay en el país con el proceso de paz y con el plebiscito en sí.
Por un lado, el Gobierno designó al expresidente César Gaviria (1990-1994) como jefe de la campaña por el “sí”, mientras que en la oposición, liderada por el partido Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) es el abanderado del “no”.
“Todos los colombianos queremos vivir en paz y dejar atrás estos 50 años de guerra en los que nos cansamos de la muerte”, manifestó recientemente Gaviria.
“Solamente nos queda la opción de decir ‘sí’ a la paz votando ‘no’ al plebiscito”, manifestó por su parte Uribe en el lanzamiento de su campaña, cuando aseguró: “Aprobar el ilegítimo plebiscito equivale a aceptar la impunidad total, que en lugar de disuadir al crimen lo consagra campeón y sienta el ejemplo para más y nuevas violencias”.
El aval de la Corte Constitucional al plebiscito, contenido en un documento de más de 600 páginas, deja lugar a muchas interpretaciones pues mientras los partidarios del “no” aseguran que si ganan habrá que renegociar algunos puntos del acuerdo, los defensores del “sí” opinan que eso es imposible porque daría al traste con el proceso.
“Si fracasan los diálogos habrá un período de enorme incertidumbre”, ha manifestado Gaviria en sus críticas a los partidarios del “no”, un frente que aglutina, además de Uribe, al expresidente Andrés Pastrana, que intentó sin éxito un acuerdo de paz durante su mandato (1998-2002), y al procurador general, Alejandro Ordóñez, cabeza visible de los sectores más conservadores.
En cualquier caso, el plebiscito ya ganó su primera batalla porque, en la práctica, es la primera regla de la institucionalidad colombiana que las FARC acatan en más de 50 años, una señal de que están dispuestas a caminar hacia la paz y a retornar a la vida civil para hacer política sin armas, uno de los objetivos del proceso.
Con la conclusión satisfactoria de las negociaciones en la capital cubana, el presidente Santos podrá presentar el acuerdo al Congreso Nacional, aún sin la firma definitiva, para pedirle que convoque el plebiscito, que según distintas fuentes será el primer o el segundo domingo de octubre, una vez se cumplan los plazos de rigor.
Mientras tanto, las FARC someterán los acuerdos a la aprobación de sus militantes en la X Conferencia de esa guerrilla, que debe realizarse la primera quincena de septiembre en una zona selvática del sur de Colombia.
La conferencia marcará el cambio de rumbo de ese grupo surgido hace 52 años, el abandono de su lucha armada para incorporarse a la vida civil y buscar caminos y oportunidades dentro de la democracia.
En paralelo, al día siguiente de la firma de los acuerdos, fecha que tampoco ha sido anunciada aún, comenzará el proceso de dejación de armas por parte de las FARC, que será supervisado por una comisión internacional liderada por la ONU y que debe concluir en un plazo máximo de 180 días.
Eso significa que sólo en marzo o abril del año próximo, si el plebiscito es aprobado y todo lo demás sale bien, los colombianos podrán enterrar por fin el hacha de la guerra, al menos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). EFE