Una noche de agosto, el profesor Ramón Mogollón recorría apresurado las calles de San Cristóbal, una ciudad venezolana en la frontera con Colombia, con un frasco en la mano. Era una muestra de heces de su hija más pequeña, enferma del estómago hacía días, pero en cada laboratorio clínico al que entraba se negaban a atenderlo: en ningún lugar se conseguían los reactivos para analizarla, publica The New York Times.
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“Acá no se encuentra nada, y lo peor es que cuando consigues comida o medicinas todo viene de Colombia y cuesta 10 veces más”, contó Mogollón, un profesor universitario de 37 años, en una entrevista telefónica. “Mi sueldo se ha reducido a menos de 50 dólares. Cuando uno siente que ya no puede más, siempre aparece un problema nuevo. Ahora todos estamos hablando del revocatorio pero casi no me quedan esperanzas”.
La vida de muchos venezolanos es una lucha contra el tiempo, que se desvanece en las largas filas que deben hacer para conseguir alimentos, medicinas, servicios de salud, combustible y casi cualquier provisión que ha desaparecido por la profunda crisis económica del país. Una investigación de la Universidad Simón Bolívar muestra que nueve de cada diez venezolanos ya no pueden comprar los alimentos que necesitan y el Fondo Monetario Internacional ha estimado que lainflación superará el 720 por ciento este año.
El tiempo también juega en contra del 75 por ciento de los ciudadanos que, según una encuesta reciente, cree que el presidente Nicolás Maduro debe salir del poder por la vía de un referendo revocatorio, un mecanismo que permite la remoción de las autoridades elegidas por votación popular mediante una nueva consulta.
La única forma para que los venezolanos puedan convocar a elecciones presidenciales anticipadas, acortando el actual mandato que finaliza en 2019, es que se celebre un revocatorio antes del 10 de enero de 2017 y la oposición lo gane. Además, deben lograr una votación mayor a la que obtuvo Nicolás Maduro en 2013 (7.587.579 votos).
Pero, para llegar a eso, la oposición venezolana se enfrenta a una carrera de obstáculos.
Los periodos presidenciales en Venezuela son de seis años, y eso significa que, constitucionalmente, la revocación popular del mandato de un presidente no puede hacerse antes de que haya cumplido tres años en su cargo.
A su vez, la constitución establece que la revocación solo puede hacerse antes de que inicie su quinto año de mandato; caso contrario, el vicepresidente asumirá el cargo por lo que reste del periodo presidencial. Eso le deja un margen de solo doce meses a quienes busquen convocar a un referendo revocatorio. Y ahora, en los hechos, prácticamente les quedan seis meses para lograrlo.
Aunque Maduro hizo su juramento el 19 de abril de 2013, en realidad fue electo para culminar el cuarto periodo presidencial de Hugo Chávez (quien murió cuando estaba en el poder a causa de un cáncer), que se inició el 10 de enero de 2013. Es por eso que el 10 de enero de 2017 es la fecha límite para el revocatorio, porque después ya comienza su quinto año de mandato.
Si el referendo se celebra después del 10 de enero, y lo gana la oposición venezolana, el futuro presidente de Venezuela será Aristóbulo Istúriz, vicepresidente y miembro fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), lo que garantizaría la permanencia del chavismo en el poder hasta el 2019.
Un camino tortuoso
El referendo fue incorporado en la Constitución de 1999 y se usó por primera vez en la historia de Venezuela el 15 de agosto de 2004, cuando los opositores al presidente Chávez perdieron una elección para sacarlo del poder; en esa ocasión la oposición solo logró conseguir 3.989.008 votos frente a los 5.800.629 que obtuvo Chávez.
Según las normas del Consejo Nacional Electoral (CNE), que es el ente encargado de organizar todos los procesos de consulta popular en el país, hay tres grandes etapas en el proceso de revocatorio.
La primera consiste en reunir el uno por ciento de las firmas de los electores de Venezuela (casi unas 200.000 personas, según el padrón actualizado hasta abril).
Para el revocatorio a Maduro, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), una coalición de partidos de oposición, recogió casi dos millones de firmas, “es decir, 10 veces más de lo requerido en la primera fase y las entregó el 2 de mayo”, explica Vicente Díaz, exrector del CNE y experto en los procesos de votación del país. “Luego el CNE debía validar esas firmas en cinco días, según lo que dice su reglamento, pero se tomó 35 días y, al final, de ese periodo decidió que 600.000 firmas no eran válidas por diversas razones”.
Tibisay Lucena, presidenta del CNE, informó en junio que 605.727 firmas fueron excluidas por irregularidades que iban desde la falta de datos en las planillas hasta la existencia de firmas de personas fallecidas.
A raíz de ese anuncio, Jorge Rodríguez, miembro del buró político del Psuv, introdujo una demanda en el Tribunal Supremo de Justicia calificando al proceso de recolección de firmas como “un gran fraude contra la constitución”.
La segunda etapa consiste en recoger en tres días el 20 por ciento de las firmas de los electores (unos cuatros millones) con lo que se activaría la convocatoria del referendo y, finalmente, debe fijarse la fecha de la votación, donde la oposición debe sacar una votación mayor a la de Maduro.
Sin embargo, hasta el sábado 20 de agosto, el CNE acumulaba 76 días de retraso en la primera fase del proceso, según denunció la Plataforma Venezuela Libre, un conjunto de organizaciones no gubernamentales.
“Si se cumpliesen todos los requisitos establecidos en la norma, la recolección del 20 por ciento de las firmas probablemente se llevaría a cabo hacia finales de octubre”, dijo Tibisay Lucena, máxima autoridad del CNE, en un mensaje televisivo a inicios de agosto.
Si esto sucede se retrasaría todo el cronograma, ya que las firmas deberían revisarse durante el mes de noviembre y, si se aprueban, se lograría convocar el referendo en diciembre. Pero el CNE tiene, según sus normas, hasta 90 días para realizar el proceso de revisión, por lo que muchos piensan que el referendo se organizaría después del 10 de enero.
La percepción entre muchos venezolanos es que Lucena y la mayoría de los altos funcionarios del CNE intentan favorecer al gobierno.
“Las cuentas que dijo Tibisay son puros cuentos chinos”, aseguró Díaz con sorna mientras recordaba que en 2012 se hicieron varias elecciones con pocos días de preparación. “El CNE tiene capacidad de organizar el revocatorio durante la primera semana de noviembre”.
Aunque aún no hay un anuncio oficial, la rectora del CNE, Socorro Hernández, dijo el lunes en una entrevista televisiva que esa fase de recolección de firmas se realizará en tres días de la semana que va del 24 al 30 de octubre.
Eugenio Martínez, analista electoral venezolano, dice que si el CNE se toma todo el tiempo establecido en los reglamentos, el proceso tendría que realizarse en la primera semana de marzo de 2017: “Los lapsos máximos después de la recolección de las firmas del 20 por ciento son cinco días continuos para que se entreguen las actas, 15 días hábiles para que se verifiquen las huellas, dos días hábiles para que se emita la constancia de haber cumplido con las firmas y luego el CNE tiene tres días hábiles para convocar el referendo”.
Martínez toma un respiro y dice: “Luego de todo eso el CNE tiene 90 días continuos más para organizar el revocatorio, así que no pasaría antes del 10 de enero”.
José Ignacio Hernández es un experto constitucionalista que también es fanático de las probabilidades. Cuando habla del referendo se sumerge en diversas operaciones de sumas y restas que arrojan como una fecha probable el 3 de enero de 2017, pero luego agrega: “El problema es que el CNE no cumple los lapsos, si se tarda la mitad de lo que se retrasó en esta primera fase, estamos hablando de abril o mayo de 2017”.
Hernández también esboza otros escenarios. Cree que un revocatorio después del 10 de enero tendría consecuencias políticas totalmente distintas: “Puede servirle a un sector del gobierno, a quienes quieren deslastrarse de Maduro porque buscan mantener el capital político del Psuv”.
Y explica que habrá intensas negociaciones entre los diversos grupos del chavismo “para ver quién elige al vicepresidente”. Cada día que pasa, dice el jurista, disminuyen las probabilidades de esa apuesta electoral que es el revocatorio: “En Venezuela no existe la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo de Justicia porque está controlado por el gobierno… lo único que podría influir es la presión ciudadana e internacional, pero ambas tienen que ser mucho más intensas”.
La oposición venezolana ha convocado para este jueves 1 de septiembre a una movilización masiva en la capital venezolana. Esta marcha ha sido llamada la Toma de Caracas, y tiene entre sus objetivos exigir la realización del revocatorio en 2016.
“El referendo revocatorio está en manos de la gente, no del CNE, y lo pongan cuando lo pongan tiene que hacerse”, declaró recientemente Jesús “Chúo” Torrealba, secretario general de la MUD. “El país está explotando por los cuatros costados. Aquí no ha pasado nada grave por la esperanza que tiene la gente en el revocatorio”.
¿Qué pasa si se revoca a Maduro antes del 10 de enero?
En ese caso los venezolanos estarían celebrando nuevas elecciones presidenciales durante el primer trimestre de 2017. Mientras se organizan los comicios y el nuevo mandatario toma posesión, la presidencia sería ejercida por Istúriz, el vicepresidente.
“Este es el peor momento histórico en percepción de situación país. Alrededor del 95 por ciento de la población dice que el país va mal o muy mal. Y el 75 por ciento de los consultados quisiera buscar una salida democrática a través del cambio político que promete el revocatorio”, dice Luis Vicente León, director de Datanálisis, una empresa que tiene más de 30 años de experiencia en encuestas y análisis estadístico.
León ha estudiado las tendencias de todas las elecciones en las últimas décadas y prevé que, si se llegara a convocar a nuevas presidenciales, la oposición las ganaría con amplia ventaja: “Los candidatos más populares actualmente son Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, con 53 por ciento; Henri Falcón, gobernador del estado Lara, con 51,4 por ciento; Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular (quien se encuentra encarcelado) con un 48,9 por ciento, y Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda, con 47,3 por ciento”.
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