El eco del rastrilleo de armas se reproduce en una casa en un barrio pobre en el oeste de Caracas donde se refugian siete secuestradores, quienes se mantienen vigilantes mientras el líder de la banda alardea de los ataques con granadas contra policías y del crecimiento de su riqueza y poder.
Por Frank Jack Daniel/Reuters
La economía socialista de Venezuela sufre una inflación de tres dígitos, una grave escasez de bienes básicos y un tercer año de recesión. En medio del caos, las bandas de este tipo se han fortalecido y han sacado ganancias.
Los delincuentes, el Gobierno y los criminólogos coinciden en que las bandas están uniéndose con antiguos rivales y comprando armas de gran calibre para abarcar territorios más extensos en la capital y más allá en el país con una de las mayores tasas de homicidio del mundo.
“Ya la mayoría de los otros barrios son nuestros panas (compañeros). Hacemos negocios entre nosotros”, dijo el líder de la banda, de 33 años de edad, quien se identificó únicamente como Anderson y estaba sentado en un escritorio con la cara oculta detrás de un pasamontañas negro.
Además reveló que la rampante inflación está forzando a las bandas a ser aún más activas para conseguir cubrir los elevados costos de armas, drogas y hasta alimentos.
“Antes hacíamos un trabajo mensual, ahora todas las semanas tenemos que hacer algo porque está arrecho (difícil) para conseguir plata”, agregó Anderson antes de que un teléfono sonara para anunciarle una entrega de drogas.
En este contexto, las bandas criminales están prosperando, en otro factor desestabilizador para el presidente Nicolás Maduro cuando sus adversarios buscan revocar su mandato.
La banda de Anderson acecha a las víctimas por varios días antes de secuestrarlas y les pide entre 5.000 y 10.000 dólares, o su equivalente en euros, en efectivo, en un plazo de 24 horas. El año pasado asesinó a unas 10 víctimas, de las decenas que secuestró, por lo general porque las familias no pagaron a tiempo.
En los primeros seis meses del 2016, el número de secuestros contabilizados por la policía científica se elevó en un 170 por ciento, a 389 casos, en comparación con el mismo período del año pasado, según cifras del criminólogo Fermín Mármol.
El número total de secuestros sería mucho mayor, ya que la mayoría de las víctimas no denuncia ante las autoridades por temor a represalias o complicidad interna.
Aunque algunas bandas se han unificado, aún hay disputas internas por territorios, y en Venezuela se ven cada vez más escenas de violencia como las que se asocian a los poderosos cárteles de la droga de México. La policía mostró fotografías a Reuters de cuerpos mutilados o decapitados colgados de puentes.
Maduro ha respondido con operativos frontales de militares y policías, una política apoyada por quienes están hartos del crimen pero que grupos de derechos humanos objetan bajo el argumento de que conduce a ejecuciones y detenciones arbitrarias.
Algunos criminólogos incluso advierten que esa política fomenta que las bandas se armen aún más. La fiscal general nombrada por Maduro, Luisa Ortega, advirtió en julio que el despliegue de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) generó más violencia y múltiples reportes de abusos.
“Conspiración”
Mientras Anderson hablaba, sus hombres de confianza lo custodiaban, agitando rifles de alto alcance y pistolas, chequeando los cargadores de municiones y oteando los tejados y callejones empinados cercanos. La música fluía alrededor.
Tienen buenas razones para estar en guardia.
Hace dos semanas, en la cercana urbanización de El Valle, dos facciones se enfrentaron durante horas. El saldo fue de seis líderes muertos. El lado victorioso difundió un video de uno de los criminales descargando unas 30 balas en la cabeza de otro.
En un país altamente polarizado, una de las pocas cosas en las que coinciden el Gobierno y la oposición es que el crimen organizado es grave y creciente. El índice de homicidios el año pasado fue de 58 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales, el segundo peor detrás de Honduras.
El Gobierno no respondió a solicitudes de comentarios.
Incluso desde dentro de las prisiones, los líderes son capaces de coordinar golpes a nivel nacional con delincuentes como Anderson, que comenzó su vida criminal a los 13 años y pasó 10 años encerrado por asesinato.
Maduro sostiene que el aumento desde el 2014 de la actividad de las bandas, que el llama de paramilitares, es parte de una conspiración de la oposición y Estados Unidos para desestabilizar su Gobierno.
Sus adversarios culpan a las políticas oficiales y a los grupos armados pro-gubernamentales o “colectivos”, que se han multiplicado en los últimos cinco años.
En el estado Miranda, gobernado por la oposición y entre los más violentos del país, el secretario de seguridad, Elisio Guzmán, apunta al 2013 como clave para el fortalecimiento de las bandas, cuando el entonces viceministro de Maduro, José Rangel Ávalos, negoció la creación de “zonas de paz” en la que los criminales deponían sus armas a cambio de trabajos y recursos.
En una entrevista en el 2015 con medios locales, Rangel Ávalos negó haber cedido el control de territorios.
Guzmán sentenció que “el dinero lo convirtieron en armas nuevas y vehículos”.
“Casi se han convertido en una guerrilla, una guerrilla delictiva”, agregó el comisario, cuyos agentes portan pistolas 9 milímetros mientras que las bandas tienen armamento bélico que el Gobierno reconoce proviene de la corrupción en las Fuerzas Armadas.
Anderson reveló que trabajan con la Guardia Nacional, la policía militarizada, para abastecerse. “Están en su negocio con nosotros. Le compramos armas largas a ellos, chalecos (antibalas), lo que sea. Y nos avisan si van a mandar pacos (policías)”, zanjó.