El gobierno bolivariano ha sido derrotado en su propio argumento. El régimen, que se jactaba de contarse en cualquier elección y salir invicto, hoy huye despavorido ante la amenaza del revocatorio.
Que los dirigentes del gobierno admitan no querer el revocatorio porque saben que lo van a perder, es de hecho admitir la derrota. Y que a la confesión se le sume el fraude para tratar de evitar la consulta, hace la derrota más odiosa y humillante.
Aunque el régimen dispone de todo el poder desde el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral para impedir el revocatorio, la maniobra debe ser creíble y potable para las Fuerzas Armadas y la comunidad internacional. Por eso el gobierno ha usado al CNE y al TSJ —instancias que se supone deben garantizar la imparcialidad y el respeto a los derechos ciudadanos— para intimidar a la oposición y hacerla desistir de su solicitud.
El TSJ ha producido suficientes sentencias que, prácticamente, anulan el papel de la Asamblea Nacional; y los dirigentes del PSUV han expresado claramente que, en cualquier momento, la Sala Constitucional podría hacer lo mismo con el referéndum. Por su parte, el CNE no solo ha quemado miserablemente todos los lapsos para el revocatorio; ahora propone condiciones que hacen casi imposible lograr la recolección del 20% de las firmas.
Todo esto busca desalentar y desmovilizar a la oposición, al presentar la solicitud del revocatorio como un esfuerzo vano e inútil, porque de todas formas, según el metamensaje del gobierno, no se llevará a cabo. Algunos voceros del oficialismo incluso sugieren que, en caso de realizarse el plebiscito, éste será en el 2017, lo cual crearía un escenario donde el sustituto de Nicolás Maduro sería un partidario del PSUV. Esta posibilidad también fue transmitida al país por las rectoras oficialistas del CNE, quienes afirmaron que lo más probable es que el referéndum revocatorio se realice en el primer trimestre de 2017.
El sentido de toda esta madeja es lograr que la oposición abandone la solicitud del revocatorio y le conceda al régimen una victoria inmerecida por forfait. La otra opción para el régimen es más tortuosa y tan peligrosa como un campo minado: Implicaría que el régimen use en forma directa sus operadores en el TSJ y el CNE para liquidar el revocatorio con sus propias manos, lo cual le dejaría un grave costo político, pues podría amenazar en forma directa su estabilidad.
La decisión correcta de la oposición es no hacerle el juego al gobierno. La MUD debe coordinar la recolección de las firmas y, a su vez, debe protestar en todas las instancias la ilegalidad e inconstitucionalidad de las condiciones impuestas por el CNE. Especialmente la que viola la Constitución Nacional, al exigir el 20% de firmas por cada estado. Según el organismo electoral, esta condición se debe a que, supuestamente, Nicolás Maduro fue electo por 23 circunscripciones estatales y no por una sola circunscripción nacional.
Al final de la jornada, el régimen tendrá que decidir si niega el revocatorio en el supuesto caso de que alguno de los estados del país no alcance a recolectar el 20% de las firmas; o si acepta el resultado nacional, tal como lo establece la Constitución.
La situación es tan clara que no da chance a los juristas para la interpretación. El gobierno acata la Constitución o no la acata.
Y de allí en adelante se derivará todo lo demás.