El Gobierno insiste en sostener un mecanismo confiscatorio contra la propiedad privada al querer imponer la toma de tierras privadas, sin cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional que es el justo pago a sus propietarios.
Nota de prensa
La resolución número 40998 publicada en gaceta oficial con fecha del 28 de Septiembre pasado, donde el Ministerio de la Vivienda y Hábitat le otorga varios lotes de terreno a la misión vivienda en distintos estados del país, ratifica el desconocimiento de los derechos constitucionales de los ciudadanos al Gobierno vía decreto insiste en construir miles de viviendas en terrenos privados sin cumplir la normativa legal de los derechos de los propietarios establecida en el marco jurídico vigente.
Se sostiene el modelo económico de desplazar a los privados de la construcción de viviendas, producción agrícola con la toma de haciendas, fincas y hatos, empresas procesadoras de alimentos, industrias, agroindustrias y cualquier otra actividad económica que tenga a bien la voluntad de quienes nos gobiernan aplicar.
Todas estas afectaciones han constituido un abuso del poder del estado contra los ciudadanos, sin entenderse como un gobierno que día a día repite el lema: Dentro de la Constitución todo sin ella nada. Se ha convertido en el causante de la ruina de miles de propietarios que han sido despojados de sus patrimonios los cuales han adquirido con grandes sacrificios. Sin que se les otorgue pago alguno por la toma de sus propiedades.
Lo más grave y preocupante es como los reclamos realizados por los propietarios exigiendo justicia y el acatamiento de las leyes que los protegen, llevados ante los tribunales, fiscalías o defensoría del pueblo, no se obtiene respuesta al exigir se cumpla con la ley y se eviten estos despojos arbitrarios e inconstitucionales.
Lo cual evidencia que el Estado se convierte en usurpador de las Propias leyes, a las cuales dice hacer respetar y garantizar. Dejando a sus ciudadanos indefensos y huérfanos de hacer valer sus derechos constitucionales y universales garantizados en la Constitución y la carta de derechos humanos, suscrita por Venezuela ante las Naciones Unidas.