Es poco lo que pueden celebrar las comunidades waraos del municipio Caroní este 12 de octubre. ¿Con cuáles ánimos? En el asentamiento indígena La Rivera, en Puerto Ordaz, están cansados de escuchar promesas por parte del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Casas, comida, una mejor educación y una mejor zona para habitar son algunas de las propuestas que quedaron solo en palabras, publica Correo del Caroní.
En ranchos de palos, trapos y zinc, sobre suelos de tierra, la pequeña colectividad, fundada hace más de 35 años, tiene 95 habitantes entre 20 familias. Y cada madre tiene de 8 a 12 hijos, así que llevar la comida a la mesa no es siempre una tarea fácil, a pesar de que disponen de su propia siembra de yuca.
Acuden al comercio informal. También gran parte de los varones trabaja en cooperativas donde recogen desechos y podan la maleza en las calles. Así sobreviven económicamente, mientras que lo que siembran es solo para llenar sus estómagos.
Nuevas esperanzas
Lo que ganan quizás no alcance para comprar a revendedores pero sí hacen colas para conseguir comida por precios regulados en algunos abastecimientos; esto aunado a la presión y discriminación continuas que sufren.
Regni Bastardo, hijo del cacique de La Rivera, explica que en más de una ocasión la Alcaldía de Caroní y la Gobernación del estado Bolívar han querido enviarlos de regreso a la tierra donde son oriundos, en Delta Amacuro. Pero insisten en su permanencia en la ciudad; ven, a pesar de las dificultades, mejores oportunidades.
Las inundaciones que ocurrieron años atrás en Caño Mánamo, en Delta Amacuro, donde pertenecían originalmente, y la destrucción de sus tierras para la siembra, los incentivan más a quedarse. Y ya están acostumbrados, según comenta el joven estudiante universitario, porque Caroní es parte de lo que son como comunidad; por lo tanto, quieren formarse como ciudadanos, tal cual lo hace el resto.
En el terreno que han vuelto su hogar por 26 años (después de varias mudanzas a lo largo del tiempo), hay un baño improvisado que todos comparten, siembras en la parte trasera (solo de yuca. Antes sembraban plátano pero el terreno dejó de ser óptimo) y se erige una pequeña estancia con una pizarra y pupitres para que los niños vean clases.
El salón que conforma la totalidad de la escuela lleva el nombre de Unidad Educativa Nacional Nobotomo Kokuta, fundada en 2008. También tiene un techo de zinc, con muros incompletos que deja entrar la luz del día. Diariamente una maestra asignada por la Alcaldía da clases de 8:00 a 11:30 de la mañana, a niños que toman sus puestos en pupitres corroídos; otros corren la suerte de ver clases en un colegio fuera de la comunidad.
Propuestas invisibles
Miembros de La Rivera aseguran que cuando el ex alcalde del municipio Caroní, José Ramón López, estuvo en una de sus campañas por el cargo, llovieron promesas de viviendas. Pero una vez que tomó el poder, se perdieron sus palabras en el tiempo.
Los atropellos han sido muchos. Incluso, las autoridades del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas les han comunicado que los terrenos en los que hacen vida quitan la buena imagen a la ciudad. Pero ya no tienen dónde ir.
Hace cinco años, el mismo ministerio aprobó un proyecto para 15 casas. También quedó en palabras, según alerta Bastardo. Mientras que en noviembre de 2015 volvieron las promesas, esta vez para 20 viviendas que estarían edificadas en la parcela donde ahora viven; para diciembre de este año el proyecto debió estar culminado, pero no hay ni señales de un inicio.
“El 12 de octubre no tenemos nada que celebrar”, se lamenta el warao que vela, con su padre, por las condiciones de vida del resto. “Hay comunidades que sí han sido atendidas por el Gobierno”. Pero ellos se sienten ignorados.
La visión del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, expresa que deben “ser el órgano rector que proporcione la mayor suma de felicidad posible a los pueblos y comunidades indígenas en su entorno natural (…) optimizando los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad, afectividad, transparencia, solidaridad y respeto a sus valores”.
En la calle, aunque llueva el poco respeto y la discriminación, los waraos solo buscan formar parte del resto. Como los demás venezolanos, tienen cédula de identidad. Como los demás venezolanos, muchos son trabajadores pero también sufren por la negligencia del Estado en materia alimenticia y de salud.
Mientras tanto, en la comunidad indígena frente a la terminal de pasajeros en San Félix, el panorama no es muy diferente: en el suelo sin asfalto se edifican las viviendas improvisadas, mientras que los jóvenes disfrutan del reggaeton de la urbe.
Su cacique, Teobaldo Zapata, no quiso hablar a Correo del Caroní, ni dejó que el equipo reporteril se acercara para fotografiar a la comunidad. Los medios opositores no están permitidos.
El 12 de octubre de 2013, el presidente Nicolás Maduro, en cadena nacional, no ocultó su indignación al ver que España celebraba lo que él llamó “el holocausto indígena de América”, porque “ellos no pueden estar celebrando el día de la masacre de cien millones de hombres y mujeres”.
Pero al otro lado de la ciudad, los waraos de La Rivera no presentan problema alguno en hablar de lo que viven. Son tiempos distintos y exigen ser tomados en cuenta, no por España, sino por el Poder Ejecutivo de Venezuela. No sienten miedo a decir que no están felices con las condiciones en las que, ahora mismo, intentan sobrevivir.
Siga leyendo en Correo del Caroní