Al permitir que los comercios vendan alimentos a precio de mercado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro comenzó a desmantelar los controles de precios, un importante cambio de política que busca calmar la amplia agitación social. Sin embargo, esto está empeorando la ya elevada inflación del país, publica The Wall Street Journal.
Por ANATOLY KURMANAEV
Lo que comenzó en marzo como un experimento limitado en el estado Zulia, en la frontera con Colombia, se ha extendido a otros seis estados fronterizos, según gobernadores del partido oficialista y entrevistas con dueños de supermercados y compradores. Uno de los gobernadores dice que se preparan planes para expandir el programa a Caracas, donde recientemente se produjeron disturbios por alimentos cerca del palacio presidencial.
“No había nada y ahora hay de todo”, dijo Jesús Barrios, de 36 años, mientras compraba en Maracaibo, la capital de Zulia.
El cambio permite que los gobiernos estatales y los minoristas privados con acceso a dólares importen desde salsa de tomate hasta arroz de países vecinos como Brasil, Colombia y Trinidad y Tobago. Las tiendas y los distribuidores recuperan la inversión al revender los productos a precios mucho más altos que los controlados por el Estado, un proceso que hasta ahora era anatema para un gobierno socialista determinado a controlar cada aspecto de la economía.
“El gobierno trajo la comida para que nos quedáramos tranquilos, porque el hambre tumba gobiernos”, afirmó Fidel Suárez, un contador de Maracaibo, donde decenas de tiendas fueron saqueadas en abril.
Maduro y sus ministros no han discutido la política en público y el aparato de medios estatales en Caracas no ha informado al respecto. Llamadas al regulador de precios, la presidencia y los ministerios de Alimentación e Información en busca de información no fueron devueltas. Las leyes y los decretos que fijan los precios de los alimentos y prohíben las transacciones libres con divisas extranjeras no han cambiado, lo que hace que las compras bajo el nuevo sistema sean técnicamente ilegales.
Los funcionarios que presionaron por los cambios en las provincias dicen que lo hicieron porque la gente está desesperada.
“Hicimos una consulta al presidente de la república en vista de que los anaqueles estaban vacíos y la gente pidiendo”, dijo a un periódico local Francisco Arias Cárdenas, gobernador de Zulia, hace ya varias semanas.
El fin de los controles de precios ha comenzado a aliviar la escasez crónica que había llevado a más de la mitad de las familias venezolanas a saltarse comidas, según encuestas recientes. En las ciudades en las que se han levantado los controles, incluyendo Maracaibo y Puerto Ordaz, se han acortado las largas filas de compradores que se formaban fuera de cada tienda. Los saqueos de supermercados y camiones de alimentos, algo que sucedía a diario hace apenas unos meses, habían bajado un tercio en agosto desde su punto más alto de mayo, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, una organización sin fines de lucro.
El lado negativo para los venezolanos es un tremendo aumento de los precios, a veces de hasta 20 veces el precio regulado. Esto está alimentando aún más una inflación que el Fondo Monetario Internacional predice que subirá en 500% este año, la mayor del mundo.
Esta semana en el supermercado privado De Candido en Maracaibo, un paquete de un kilo de arroz que se vende por el equivalente a 12 centavos de dólar bajo los controles de precios costaba US$2; una bolsa de un kilo de azúcar, que se vendía a unos 40 centavos de dólar con controles, valía US$3,50.
Hace seis meses, cientos de compradores rompieron las ventanas y puertas del supermercado para quedarse con los escasos productos con controles de precios después de una entrega. El jueves, en cambio, unas pocas decenas de compradores recorrían calmadamente los pasillos llenos de productos colombianos, mientras 12 cajeros esperaban.
“Al menos puedo llegar, entrar y comprar así sea caro”, contó Ana Atencio, una enfermera que fue a la tienda después de su turno para comprar un poco de azúcar para la leche de su bebé. “Antes no podía ni asomarme por la cola y la gente peleando”.
Sin embargo, comprar esa bolsa de azúcar le costará casi un cuarto de su salario mensual.
Al otro lado del país, Gisela Lares solía acampar fuera de las tiendas en Puerto Ordaz para comprar alimentos, a veces amamantando a su bebé mientras hacía fila. Luego vinieron las importaciones brasileñas.
“Buscaba lo que fuera, lo que vendieran (…) hasta salía cuando estaba oscuro a hacer la cola”, dijo. “Desde hace dos meses, no he hecho cola”.
Las fuerzas armadas, que desde hace tiempo controlan la distribución de alimentos, traen los productos extranjeros usando barcos, aviones de carga y camiones en convoy. En el estado Bolívar, al oriente del país, el director del distrito militar regional dijo que ha desplegado cerca de 10.000 soldados para proteger los camiones de alimentos durante el viaje de 8 horas desde la frontera brasileña.
Las importaciones de alimentos de Brasil “nos permitió bajar las tensiones de cualquier pueblo que no tiene dónde ir a adquirir sus alimentos”, señaló hace poco Francisco Rangel Gómez, el gobernador de Bolívar.
A medida que pone fin a los controles de precios en las provincias, el gobierno también está mostrando favoritismo al entregar alimentos subsidiados a aquellos leales al partido oficialista. Cerca de 15% de las familias venezolanas reciben una bolsa plástica llena de productos cada 45 días, dicen funcionarios y encuestadores.
Aún no está claro cuántos se beneficiarán con los alimentos importados. La inflación ha hecho que la divisa sea casi inútil, llevando incluso a los profesionales a ganar el equivalente de US$100 mensuales. La canasta familiar costaba US$380 al mes en el mercado negro en agosto, según el instituto de investigación laboral Cenda.
Aun así, el gobierno planea expandir su experimento a la capital, según indicó recientemente el gobernador del estado Táchira, José Vielma, a la prensa, agregando que Maduro le había encargado esa tarea. Los controles de precios están siendo desmontados en la mayoría de estados, dijo Vielma.
“He mandado a unos funcionarios de la gobernación a que hagan lo propio (comprar alimentos) en mi nombre en Panamá, República Dominicana, Estados Unidos y Colombia”, aseveró.
El desmantelamiento de los controles ya golpea a los operadores del mercado negro que han estado revendiendo a precios inflados productos obtenidos a valores fijados por el gobierno.
Los distribuidores privados están importando los alimentos usando ahorros canjeados por dólares en el mercado negro, lo cual es ilegal pero es tolerado por los funcionarios, dijo Asdrubal Oliveros, quien sigue de cerca las políticas del gobierno como director de la firma de investigación Ecoanalítica, con sede en Caracas.
Entre enero y junio, la mitad de todas las importaciones privadas fueron financiadas con dólares obtenidos a la tasa del mercado negro, frente a un cuarto en el mismo período de 2015, según Ecoanalítica.
—Mayela Armas en Caracas, María Ramírez en Puerto Ordaz y Sheyla Urdaneta en Maracaibo contribuyeron a este artículo.