El miembro de la dirección regional de Primero Justicia en el estado Bolívar y uno de los representantes de la Mesa de Unidad Democrática de esa entidad ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Braulio Merino, manifestó este jueves que “las maniobras judiciales adelantadas por tribunales penales ordinarios arrodillados al partido de gobierno, Psuv, no podrán salvar a Nicolás Maduro del referendo revocatorio ni detener el cambio de gobierno y de modelo que ya es inevitable”.
Nota de prensa
Así lo manifestó tras recibir la noche de este jueves una boleta de notificación del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, a cargo de la juez Norkys Bolívar, en la cual se le imponen medidas cautelares y se anula el proceso de recolección del 1% de las firmas llevado a cabo en junio a solicitud de la coalición opositora.
Tribunales penales de los estados Aragua, Carabobo, Bolívar, Monagas y Apure, ordenaron este jueves dejar sin efecto el proceso de recolección del 1% de las firmas celebrado en todo el país los días 20, 21, 22, 23 y 24 de junio de 2016 por la Mesa de Unidad Democrática, como requisito preliminar exigido por el organismo comicial para activar el siguiente paso establecido en el artículo 72 de la Carta Magna de recabar el 20% del padrón electoral necesario para impulsar el referendo revocatorio al mandato de Nicolás Maduro.
El tribunal penal en cuestión suspendió “los efectos del proceso de recolección del 1% de las firmas de electores y electoras del registro electoral y sus actos subsiguientes, así como cualquier otro acto que conlleve a la realización de un nuevo proceso de recolección de firmas para la convocatoria a referéndum”.
Pero además señala que Braulio Merino, Andrés Velásquez y Raúl Yusef, dirigentes políticos de la MUD Bolívar son “presuntos coautores de los delitos de falsa testación ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso, suministro de datos falsos al poder electoral agravado y agavillamiento, tipos penales establecidos en los artículos 320, 322, 323, 286 y 291 del Código Penal”.
Asimismo, la jueza Bolívar ordena “suspender el proceso de recolección del 20% de manifestación de voluntad que se requiere para activar el revocatorio contra Nicolás Maduro en el estado Bolívar, pautado para los días 26, 27 y 28 de octubre de 2016” y dicta la “prohibición de salida del país a los ciudadanos querellantes, de conformidad con el artículo 242, ordinal 4º del Código Orgánico Procesal Penal”.
Merino explicó además que los tribunales penales no tienen competencia para anular la voluntad del electorado que se expresó para cumplir con las fases del proceso de activación del revocatorio. “La soberanía reside en el pueblo y mal pueden jueces penales hablar de fraude electoral. Deben comenzar por respetar al pueblo, el Psuv es el que comete fraude cuando utiliza a la justicia para intentar suspender el proceso referendario contra Maduro. Hay miedo en el ambiente y viene de lo alto de las esferas de poder. Estas maniobras judiciales lo único que hacen es exacerbar los ánimos de un pueblo que está harto de tanto abuso y atropello”, concluyó.
