El gobierno no puede mantenerse en el poder sin acudir a la represión y a la descarada violación de la constitución y las leyes. Y la dirigencia opositora no puede hacer concesiones que posterguen la inmediata salida del Presidente.
Luego de muchas contradicciones y discusiones internas en el seno de la MUD, se impuso el referéndum revocatorio como opción democrática y constitucional para lograr el cambio exigido por más del 80 por ciento de los venezolanos.
El revocatorio movilizó a todos los grupos políticos democráticos, así como a todos los sectores sociales de la población. Y permitió, además, la estructuración de una maquinaria que penetró las regiones más pobres y apartadas del país.
Así quedó demostrado en la recolección y verificación de más de 1600.000 firmas en agosto pasado. Entonces, ante un tramposo CNE se materializó una importante victoria a pesar de los obscenos obstáculos impuestos por el oficialismo.
Sin duda aquel evento demostró lo admirable de las jornadas políticas, cuando ellas logran sensibilizar y movilizar las bases del país en procura de sus más importantes reivindicaciones. El activismo de miles de compatriotas regados en todo el territorio nacional hizo posible la histórica tarea.
Durante los días 26, 27 y 28 de este mes debía cumplirse una segunda etapa, destinada a oficializar la convocatoria a la votación que seguramente revocaría al nefasto Maduro.
Sabía el gobierno que los ciudadanos se disponían a movilizarse masivamente en el transcurso de esos tres días en el ejercicio de un derecho que se les ha pretendido conculcar.
También sabía el gobierno que al realizarse exitosamente esa etapa, la deslegitimación presidencial quedaba resquebrajada definitivamente.
Acorralados en esa terrible realidad, las mafias que manejan el oficialismo debatieron diversas y desesperadas opciones para intentar lograr la retención del poder a cualquier costo.
Tratando de cumplir ese objetivo, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que la revocación presidencial sólo se cumple si ella ocurre en cada uno de los estados del país, desconociendo el ámbito nacional que la constitución le atribuye a esas votaciones.
Además en el TSJ existe una denuncia sobre un supuesto fraude en la ya referida primera recolección de firmas. Si el máximo tribunal oficialista decidía a favor de esa demanda el proceso revocatorio quedaba anulado, y sus promotores podrían ser sancionados penalmente.
Esta última opción fue desestimada debido al costo político que la medida implica para un Tribunal Supremo demasiado cuestionado nacional e internacionalmente. Por esa razón utilizaron a los jueces penales de los Estados, Aragua, Carabobo, Zulia y Monagas quienes dictaron las insólitas sentencias.
De cualquier manera, esta vergonzosa maniobra propia de un sistema judicial transformado en antro de bribones, logro el mismo efecto al impedir que el voto popular pusiera término al gobierno de Maduro. No importa que de esa forma en medio de la crisis que vivimos se evidenciara una vez más los procedimientos dictatoriales del régimen,
La Asamblea Nacional es otro de los objetivos a destruir en esta etapa de liquidación de la democracia. A la representación parlamentaria se le despojó de todas sus atribuciones legales, arrebatándole además los gastos de funcionamiento, e incluso los salarios de los diputados.
Y en ese camino los próximos pasos son: la eliminación de la inmunidad parlamentaria, el enjuiciamiento de Henry Ramos y de sus compañeros de junta directiva, y luego el cierre definitivo del más alto organismo de representación popular.
Además, la aprobación inconstitucional del presupuesto por parte del Tribunal Supremos de Justicia, y la suspensión de recursos para las gobernaciones y alcaldías de oposición, son medidas que tendrán graves repercusiones en la vida económica, política y social, en los empleos, y en las condiciones laborales de decenas de miles de trabajadores a los que ilegalmente el gobierno nacional les sustraerá sus salarios.
Todas estas caóticas acciones, unidas al bloqueo de la salida electoral, conducen a entronizar un sistema abiertamente tiránico que impida cualquier vía pacífica hacia la solución del terrible caos que avanza sobre Venezuela.
Como muestra de esa realidad las imágenes del asalto al parlamento ocurrido el día 23, recorrieron el planeta y evidenciaron el peligroso sendero por el que los venezolanos estamos transitando.
La histórica decisión de la Asamblea Nacional que desconoce la legitimidad del gobierno y de todas las instituciones secuestradas por su proyecto totalitario, constituye la dramática prueba final hoy asumida por todos los venezolanos.
Se colocan ahora sobre la mesa del conflicto, la ruptura del orden constitucional, el enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional de las rectoras del CNE, la designación de tres rectores principales y tres suplentes de ese órgano electoral, la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el determinar “la situación constitucional del Presidente de la República”, la toma de decisiones para restituir el orden constitucional, el llamado a la comunidad internacional, y el emplazamiento de las fuerzas armadas a no asumir medidas que violen la constitución. Y dentro de ese mismo contexto toca a la Asamblea decidir en relación con la nacionalidad de Nicolás Maduro.
La aplicación de la Carta Democrática Interamericana, las movilizaciones populares en todo el país, y la actitud de la fuerza armada ante esas movilizaciones y frente al colapso general, marcarán el rumbo de este delicado proceso cuyas consecuencias aún no podemos dimensionar.