La llamada República Bolivariana de Venezuela no es hoy la expresión constitucional que la constituye en un Estado democrático , social de derecho y de justicia , dado que el carácter participativo de la ciudadanía en el ámbito de la actividad pública ha dejado de existir, por cuanto el Presidente de la República, hoy sometido a las exigencias de la revocación de su mandato, ha excluido de las funciones de gobierno al sector de la civilidad; y amparado con componendas jurídicas que a diario se le son obsequiadas, por cuatro de los órganos del Poder Público Nacional: Ejecutivo, judicial, ciudadano y Electoral se permite la irresponsabilidad de no rendir cuenta de gestión ni ser evaluado constitucionalmente al cumplir más de la mitad de los seis años de mandato, mediante la solicitud del veinte por ciento o más de los electores a través del referendo hoy obstaculizado tanto por el CNE como por el TSJ, recurso éste , posesivo del más amplio espíritu democrático, suficientemente idóneo para confirmarle su confianza o para retirarle su apoyo permitiéndole al pueblo, en este caso, lograr la primacía de la Constitución y del sistema democrático mediante el ejercicio del querer refrendario, como garantía legitima del poder originario.
Por Rafael Rodríguez Mudarra
Nicolás Maduro, hoy seriamente cuestionado por la inmensa mayoría del electorado como se evidencia en innumerables encuesta, considerándose neciamente héroe de primer orden , albacea del comandante supremo, sin apartar su filiación castrista, se ha olvidado que es RESPONSABLE de sus actos, como OBLIGADO a procurar la garantía de los derechos de los venezolanos y venezolanos, ha conformado un gobierno de mayaría militar activa, los que desempeñándose en los cargos de la administración pública, se hacen parte de la diatriba política, participando en los actos de propaganda partidista, negándose con torpeza inexplicable a reconocer que la incompatibilidad de los poderes públicos, no es pelea sectaria e intransigente entre lo que se ha llamado hoy la Oposición Democrática y el componente burocrático de una elite conocida con el remoquete de “ La Boliburgesía ” poseedoras de innumerables riquezas súbitas acopiadas en el manejo del Tesoro Público; sino producto del razonamiento desarrollado por los forjadores de la democracia venezolana, para darle asidero a la dignificación de las funciones legislativas , evitándose la confusión de funciones que hubo de existir hasta el 6 de diciembre de 2015; fecha ésta de por si histórica que da permanencia al sistema de la incompatibilidad entre las funciones legislativas y ejecutivas, donde la “RESPOSANBILIDAD” del Presidente constituye en la vida constitucional de la república, el primer camino que conduce a la efectividad de la moral política, a la pureza fiscal para el alcance de realizaciones positivas en el desarrollo social, político y económico, que a letra de la Constitución debe dar paso , sin obstáculo al desarrollo de un método de razonamiento que nos permita la capacidad necesaria para que se discutan los planteamientos de los sectores contrapuestos.
El principio de la incompatibilidad que tuvo entre sus pioneros a JÓVITO VILLABA, fue incorporado a la Constitución vigente distribuyéndose el Poder Público Nacional entre cinco poderes, rompe la tradición de los tres poderes clásicos: Legislativo , Ejecutivo y Judicial, con añadido del Poder Ciudadano y el Poder Electoral, pensando el constituyente limitar el presidencialismo, con la firme creencia de evitar la concentración excesiva del poder en una sola persona o grupo, como en forma lamentable ocurre: quien manda es Maduro con su grupo de escogencia preferencial.
Pese al avance plasmado en la Constitución, el gobierno que preside Nicolás Maduro ha sido notoriamente nefasto, producto de su incapacidad para gobernar, ha convertido nuestra Nación en un ente estadal de incomparable pobreza, llegando a encabezar nuestro país la lista de la corrupción en América Latina; donde se práctica el soborno con exención de impunidad; donde el apresamiento de la dirigencia política es habitual; donde el gobierno de Maduro responde a los reclamos avanzados que se le hace con más represión. La prensa independiente es acosada y sus directores perseguidos; donde la separación e independencia de los Poderes Públicos es solo de apreciación impresa. Nicolás Maduro cuenta con el apoyo irrestricto del Poder Judicial, quien ha interpretado la Constitución con sentido de parcialización con las órdenes del partido de gobierno; desconoce las dos atribuciones del parlamento como son: legislar o controlar el poder. El gobierno autoritario muy a pesar del progreso constitucional referido pretende a través de sentencias del TSJ dar interpretación distinta a lo que dice la letra de la Constitución, para volver a la práctica anterior de tener una Asamblea Nacional arrodillada ante el Presidente, sus ministros y los voceros de PSUV. Convierte los estados de excepción en una concesión de oficio con indeterminable cesación, como base para el disfrute autoritario del poder.
La revolución del Siglo XXI, atraviesa una situación irresoluble, propia de los que han perdido la brújula, hoy no le queda el exponencial de fuerza de los de abajo; de los proscritos, de los parias, de fuerzas civiles que lo apoyen: gobierna con los que han destruido la agricultura y el desarrollo del país, premiados con otros despacho o vueltos al mismo para la perpetuación del fracaso. El presidente Maduro ha incurrido en la más grave falta imperdonable en un mandatario, que demanda su sustitución, la cual no ha sido otra que la de hacer posible la violación de la Carta Magna:
Como anotación final, con honda preocupación, razones me fuerzan a la consideración de un hecho ocurrido sin precedente de justificación alguna, que no sea la maniobra fraudulenta de las cuatro señora que conforman el CNE, cuando sin abstracción de responsabilidad funcionarial en comunicado que se da por reproducido, declaran: “ En apego al marco constitucional el CNE, acata las medidas ordenadas por los tribunales y ha girado instrucciones de posponer el proceso de recolección” y , como si nunca éstas inefables mujeres hubieren roto un plato, sé dan el “ TUPE ”de expresar: “ el Poder electoral reitera su llamado al dialogo nacional como formula democrática por excelencia para preservar la paz” fin de la cita.
El CNE validó399.412 firmas, después de serias observancias de situación de retardo propiciadas por éstas rectoras; las mismas fijan la fecha comprendida del 26 al 28, ambas inclusive, para la recolección del 20% de manifestaciones de voluntad de revocación del mandato Maduro; y posteriormente acatan una decisión argüida por la triquiñuelas de unos jueces controlados por gobernadores directivos del PSUV, sin competencia para tal menester, en razón de que la “jurisdicción contencioso electoral se ejerce de conformidad a la Constitución por la Sala Electoral. Decisión violatoria de la Constitución que le facilita a Nicolás Maduro no ser revocado, convirtiéndose en dictador sin apego al orden constitucional. La suspensión del proceso refrendario es atentatoria contra la paz del país que por ser violatorio de la Constitución; por contrariar las garantías democráticas y menoscabar los principios soberanos nos faculta como ciudadanos a luchar por su vigencia.
Rafael Rodríguez Mudarra
Abogado, político, presidente del partido Unión Republicana Democrática (URD)