El Cabildo Metropolitano de Caracas exhortó este martes al Ejecutivo Nacional a que pague a los jubilados y pensionados el bono de alimentación y medicamentos aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 30 de marzo y declarado como constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sentencia 327.
Nota de prensa
El Concejal Metropolitano, José Gregorio Caribas, presentó ante el ente legislativo un acuerdo en el que señala que negarles este beneficio a los venezolanos que han trabajado durante toda su vida cercena el derecho a la alimentación, a la salud y a tener una vejez digna, “le hacemos un exhorto al gobierno para que de inmediato les sea cancelado, no puede ser que estén con bombos y platillos anunciando el pago de la bonificación de fin de año, cuando realmente no les alcanza para cubrir sus necesidades”, señaló.
Caribas criticó que sólo se les aumente a los adultos mayores la mínima suma de Bs. 27.092 mensuales, mientras que a las personas que se les otorga el beneficio de las tarjetas solidarias se les concede Bs. 39.000. “No podemos aceptar que venga el gobierno y diga que no tienen como pagar este beneficio, porque no tienen recursos, pero si tienen para pagar la tarjeta de socialista”, acotó.
En este sentido indicó que la Constitución establece en su artículo 38 que el Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías; y que las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados del Seguro Social, Carlos Julio Rivera, señaló que más de 40 mil jubilados del Seguro Social esperan el pago de este beneficio en vista del alto costo de la Canasta Básica Familiar, al tiempo que destacó que se debe tomar en cuenta esta cifra al momento de calcular el aumento del salario mínimo.
Finalmente el Concejal Jimmy Gudiño, en nombre de la fracción del Bloque de la Patria, manifestó que el Gobierno Nacional en ningún momento se ha negado al pago de dicho beneficio y que debe darse en el seno del parlamento la discusión sobre de dónde saldrán los recursos.
“Como la Asamblea se encuentra en estos momentos en desacato contra el resto del poder público, es decir el poder ejecutivo, judicial y moral, en tal sentido está fuera del orden constitucional y por tal motivo tendría primero que reconocer al poder público y discutir desde allí, cómo va ser la distribución para cancelar este beneficio”, explicó.
El acuerdo fue aprobado con el voto mayoritario de la fracción de la Mesa de la Unidad Democrática.